Desde el 2001 se presentó el primer proyecto que contemplaba la iniciativa de una ley contra la corrupción, sin embargo, más de diez años después se han presentado dos proyectos los cuales han tenido un camino lleno de trabas, según explicó Nineth Montenegro, diputada de la bancada Encuentro por Guatemala (EG).

Las iniciativas se unificaron en un solo proyecto, que fortalecido, se perfilaba como una importante herramienta a favor de la transparencia y con “dientes” suficientes para combatir la corrupción en el sector público y privado.

Ante el letargo en la aprobación de las leyes anticorrupción, el diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso, señaló que una de las razones principales por las que el país no cuenta con este marco legal, es porque el sector privado quiere evitar la persecución penal contra los particulares.

También refirió que si no se aprueba esta legislación, el país seguirá en la sombra de la corrupción y la impunidad en la administración pública, que garantizará un ciclo de pobreza permanente para el país, “porque no se podrán generar inversiones fuertes y reales para transformar al país” indicó Pop.

Según Montenegro, el actual Gobierno, aparentemente ha manifestado voluntad política para aprobar la normativa, pero son los mismos diputados del partido patriota quienes le han enmendado la plana, planteando reformas que la debilitan.

Renzo Rosal, analista político calificó que la ley toca beneficios con los que tradicionalmente se han hecho negocios, y que por lo tanto atenta contra los interés de personas que tienen poder para ejercer presión en el Congreso y no permitir su avance.
 
“Los diputados difícilmente votaran por una ley que por un lado atenta contra los intereses que históricamente han defendido y que atentan contra los grupos que les ofrecieron apoyo en la campaña electoral”, indicó, por tales motivos dijo que ahora se busca la  aprobación de una ley “sin dientes y superficial”.