La facilidad para utilizar el dinero plástico parece tentar a los guatemaltecos, quienes deben millones de quetzales por su uso. Datos de la Superintendencia de Bancos (Sib) revelan que, hasta el 30 de noviembre, el consumo a través de las tarjetas de crédito se ubicaba en los Q4,206,419,760.00.
La cifra supera la registrada en años anteriores. En 2010, por ejemplo, al penúltimo mes del año, el monto alcanzó los Q3,476,000,750.08, mientras que en 2009 la deuda por consumo se ubicó en Q2,742,000,002.85.
De acuerdo con Mónica Gramajo, directora de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), los usuarios parecen olvidar lo que consumen y vienen a darse cuenta de la deuda cuando reciben el estado de cuenta. “Esto los pone en aprietos, ya que no siempre tienen los recursos para poder cancelarâ€.
La funcionaria indicó que los consumidores olvidan que la tarjeta es una facilidad de pago y no un financiamiento, y de ahí devienen muchas inconformidades. En lo que va del año, la Diaco ha recibido 133 quejas, en su mayoría relacionadas a cobros indebidos, mientras que otras se refieren a moras e intereses acumulados por falta de pago.
Gramajo explica que la falta de aprobación de una ley limita el campo de acción de la Diaco, ya que solo pueden ser intermediarios para resolver estos casos.
“Uno se complica la vida con la cantidad de intereses que le cobran a unoâ€, señaló Diana López, una consumidora que fue arraigada por la entidad bancaria, ya que la deuda acumulada era muy grande y esto provocó una demanda judicial. El arraigo buscaba evitar que saliera del país. Luego de siete meses de negociación, logró cancelar el monto y la tarjeta.
REGULACIí“N EN EL OLVIDO
Pese al intento de las autoridades de la Sib por regular las tarjetas de crédito a través de una norma jurídica, la idea quedó frustrada, ya que la actual legislatura concluyó su labor sin que pudiera aprobar la iniciativa que presentó el pasado 14 de enero el presidente ílvaro Colom.
La citada propuesta buscaba no capitalizar la mora, que los cambios en los contratos debían ser notificados 45 días antes al usuario, las tasas de interés debían quedar establecidas, los estados de cuenta debían ser gratis, así como penas de cárcel de seis a 10 años por la clonación de tarjetas de crédito.
La mayoría de arraigos que gira la Dirección General de Migración se deben a las deudas que los consumidores mantienen con las tarjetas de crédito. Hasta el pasado 14 de diciembre, habían más de 39 mil. De esa cifra, el 75 por ciento se debe a problemas con tarjetas y entidades bancarias, confirmó Fernando Lucero, vocero de la entidad.