Se registran más de mil 400 conflictos agrarios en el país, según la Pastoral Social de San Marcos entre los conflictos acompañados se encuentran los que se originan en el despojo de comunidades de tierras para subsistencia y problemas que son responsabilidad directa de la deficiencia de instituciones públicas y amenazas por agroindustria y megaproyectos.

Álvaro Ramazzini asegura que este es un problema que ningún gobierno ha tenido la fortaleza y la audacia de enfrentarlo en profundidad, “el tema de la tierra es fundamental para solucionar la problemática de la pobreza y de la inequidad que existe en el país”.

Además, indica que si estos casos se resolvieran a través del diálogo, se lograría solventar la marginación histórica a la que han sido sometidos los campesinos indígenas del país, “sostengo que el diálogo es fundamental, pero un diálogo efectivo”.  Señaló que es sumamente importante la modificación de leyes y sobre todo la aprobación de la ley de Desarrollo Rural Integral.

Ramazzini asegura que en el tema de la ley de desarrollo rural existen dos aspectos fundamentales, el punto de vista de quienes tienen la tierra y el punto de vista de quienes trabajan la tierra, es allí donde no se logran encontrar puntos de convergencia, “los que trabajan la tierra están sometidos en muchos casos a una explotación de su trabajo como seres humanos”.

Los conflictos agrarios en el país constituyen una agenda pendiente de resolver por parte del Estado. Su actuación reciente deja sin embargo pocas luces en el camino para encontrar soluciones de fondo a la situación, la ausencia de políticas públicas que promuevan el desarrollo rural integral y los diferentes problemas en materia de gestión por parte de los órganos responsables de brindar atención a las demandas del campo, dice la Pastoral Social de San Marcos.

Tres de cada cuatro conflictos registrados corresponden a la zona en donde se están desarrollando proyectos ambiciosos, la Franja Transversal del Norte, los departamentos de El Quiché, Alta Verapaz, Petén, Izabal y Huehuetenango.

Según datos de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), la tercera parte de estos conflictos se debe a la falta de definición y establecimiento de límites municipales o departamentales, y uno de cada diez conflictos es por doble o múltiple titulación o registro de la misma propiedad.

Según Ramazzini, debe existir una reforma agraria, teniendo como elemento principal el ordenamiento territorial, y un gobierno audaz, que pueda escuchar las demandas y propuestas de la población y un empresariado agrícola generoso y solidario, logrando una justicia y solidaridad que ayude a frenar estos conflictos.

Según la Pastoral Social de San Marcos, la mayoría de los afectados por los conflictos, por ser indígenas, invoca además violaciones al derecho de reconocimiento y reivindica el respeto de sus territorios como derecho colectivo reconocido por el Convenio 169 de  la OIT.

Ramazzini dice que es necesario un intenso y fuerte diálogo entre sectores, terratenientes de este país y organizaciones campesinas, que realmente el Estado cumpla con su función de mediador, pero también de regulador, “es allí donde el Estado necesita ser audaz, decisivo”, expresó.