La elección de los seis candidatos a Fiscal General por la Comisión de Postulación terminó sin dejar satisfechos a los sectores sociales que sienten que, al final de cuentas, tendremos más de lo mismo. El problema es de fondo, puesto que ninguno de los aspirantes ha planteado con claridad que el Ministerio Público es una entidad cooptada por el crimen organizado ni, en consecuencia, una propuesta para rescatarlo.
Nadie admite que durante el conflicto interno el Ministerio Público fue el instrumento para garantizar impunidad a quienes en defensa de la institucionalidad combatieron a la guerrilla y de manera muy especial a quienes cometieron crímenes susceptibles de persecución penal. Menos aún se ha admitido que muchos de esos combatientes, desde el tiempo de la guerra y más aún cuando se firmó la paz, se dedicaron a crear redes de crimen organizado para lucrar gozando de esa total y absoluta impunidad. Y sus protectores en el Ministerio Público lo siguieron siendo, pero ya como parte de las nuevas redes de poderes paralelos constituida a la sombra del conflicto armado interno.
Ningún Fiscal ha tenido el valor y la entereza de admitir la situación ni mucho menos de encararla y por eso es que siempre tenemos más de lo mismo porque la estructura sigue allí, intacta, sirviendo a intereses espurios que se encargan de corromper más aún al país. Y tampoco se ve en los planes y presentaciones de los actuales candidatos, que el tema les preocupe por lo que seguramente que tendremos más de lo mismo, es decir, un Fiscal General que a regañadientes trabajará ciertas cosas con la CICIG, pero que mantendrá las estructuras internas que tanto daño le han hecho a la justicia en Guatemala.
No se puede negar que hubo participación de los sectores sociales en la fiscalización del proceso de postulación, pero aquí ya cuesta discernir sobre el juego de cada quien y los intereses que se tratan de promover o proteger y al final de cuentas insistimos en que la responsabilidad histórica de lo que ocurra en el Ministerio Público en la siguiente gestión será de los miembros de la Comisión de Postulación a quienes se deberá reconocer si hay un cambio importante, o reclamar si las cosas siguen como están o empeoran, lo cual no es remoto.
Pero el trabajo de vigilancia no debe cesar ahora sino que tiene que incrementarse para que la sociedad haga una fiscalización del trabajo del Ministerio Público como encargado de la persecución penal. Es obligado que todos los sectores se mantengan atentos para denunciar errores, desaciertos y corrupciones, así como para reconocer lo que se pueda hacer bien.