Más de la mitad de la población en centros carcelarios se encuentra en prisión preventiva, mientras que la menor parte está cumpliendo condena, lo que significa que las prisiones se encuentran saturadas por retrasos en los inicios de los procesos.

Analistas estiman que los recursos que usan las defensas de los capturados no permiten celeridad para descongestionar las cárceles.

En los 22 centros carcelarios del país están ocupados al doble de su capacidad, ya que, según estimaciones del Sistema Penitenciario, existe un 99 por ciento de sobrepoblación.

De acuerdo con Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, en las prisiones para hombres se encuentran recluidos más de doce mil individuos (12,011), de los cuales menos de la mitad (5,949) ya están cumpliendo condena. Sin embargo, más del 50% (6,062 reclusos) están guardando prisión preventiva, es decir, que no han sido escuchados en su primera declaración, o bien no han iniciado la apertura a juicio; otros están con juicio abierto o esperando sentencia.

En el caso de las mujeres las cifras son más desproporcionadas, ya que de las 955 reclusas, tan sólo 383 están cumpliendo condena, mientras que las restantes (572) están en prisión preventiva.

Ello provoca que las cárceles del país, con capacidad para albergar a siete mil personas, se encuentren actualmente con casi trece mil reclusos (12,966), de los cuales sólo el 48.8 por ciento se encuentra allí cumpliendo condena. El restante espera juicio o sentencia.

Y, aunque las cifras sean mínimas, hay que agregar a 54 reclusos que se encuentran hospitalizados.

En los últimos seis años, el hacinamiento carcelario ha crecido exponencialmente, sobre todo por reclusos en prisión preventiva que esperan resolver su situación jurídica.

RECURSOS

Este incremento se ha venido denotando en los últimos 6 años, principalmente por aquellos que llevan más de un año en prisión preventiva sin que hasta el momento se resuelva su situación jurídica.

Parte de la explicación de este hacinamiento se debe al abuso de los recursos legales que se interponen en los procesos judiciales, situación que se ha expuesto en los reportajes “El doble filo del amparo pasa por una revisión” y “El paso lento en la justicia”, publicados el 9 de febrero y 30 de enero, respectivamente, en Diario La Hora.

Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Política del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), opina que la prisión preventiva ha sido un tema mal manejado en Guatemala.

Samayoa asegura que los juzgadores en este momento “han caído y no sabemos por qué”, en suspender audiencias constantemente, lo que supone un incremento de suspensión de audiencias dentro del Organismo Judicial, que lo que hace es atrasar los procesos.

Para Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica, es una muy mala práctica que se utilicen recursos para entrampar los procesos pero, esto de la utilización de los recursos se da principalmente en casos paradigmáticos, en casos de alto impacto en donde hay detenciones de personas que tienen poder económico o poder político-militar, generalmente casos graves de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, “la defensa de estas personas que están acusadas, se basa en presentar recursos de forma abusiva e indiscriminada”, asegura.

Pero hay otro grupo de casos que son personas detenidas por delitos menores, de menor impacto y que no están resueltos, y eso es un grupo de casos considerable que es gravísimo que están detenidos, explica Cadena.