La Junta de Disciplina Judicial (JDJ) revela que durante los primeros meses de este año se han registrado 323 denuncias en contra de jueces del ramo penal de toda la República.
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De acuerdo con un informe de la JDJ, de las más de 300 quejas se han programado 104 audiencias, de las cuales se realizaron 65 y se declararon sin lugar 52. El año pasado se registraron 522 denuncias, de las que se declararon sin lugar 102 y se amonestó de manera verbal y escrita a 17 jueces.
De los casos más conocidos, se encuentran dos denuncias contra Verónica del Rosario Galicia Marroquín, de cuando fungía como jueza Décima de Primera Instancia del Ramo Penal; una bajo el argumento de acciones anómalas, y otra por dar opinión a los medios de comunicación acerca de sus procesos.
Entre los jueces que tienen más de dos denuncias, se encuentra Walter Oswaldo Álvarez Coronado, juez de Primera Instancia Civil en Sololá, con una queja por “actitud poco ética y profesional, perjudicando la administración de la justicia y la imagen del Tribunal”; otra donde se señalaba irrespeto, actitud poco ética y profesional en lo laboral, y otra por “blandura en exigir cumplimiento de labores.
También se presentaron dos denuncias contra Antonia Julieta García Calvillo, jueza del Tribunal de Sentencia Penal de Quiché, por falsedad al presentar gastos que no se efectuaron en planillas, por ausentarse a su judicatura los días viernes y por supuestos actos de corrupción.
LOS MÁS NOTABLES
Leonel Argueta Salazar, juez de Paz en el municipio de Ipala, Chiquimula, fue amonestado de manera escrita, por una denuncia de acoso laboral a las empleadas del juzgado, así como amenazas y prepotencia.
Inocente Choc Pop, juez de Paz Comunitario en San Luis, Petén, fue suspendido 10 días, tras presentarse en estado de ebriedad al levantamiento de un cadáver durante una investigación.
El Juez de Paz de San José del Golfo, Guatemala, Víctor Manuel Escribá Ovando, fue denunciado de maltrato verbal y psicológico, por anomalías e intimidación con arma de fuego, acoso, discriminación, por entrar a sus convivientes al juzgado, vender medicina en la judicatura y usar su cargo para beneficio propio. Por estos hechos la JDJ lo suspendió 10 días sin goce de salarios.
Vilma Cardona Mejía y Anthony Giovanni Pivaral de León, juez de Paz de Patzité, Quiche y Juez de Paz en Barillas, Huehuetenango, fueron denunciados por dejar hojas firmadas en blanco, que luego fueron utilizadas para girar órdenes de libertad y para ordenar el traslado de reclusos.
SERVIRÍAN PARA TRANSPARENTAR
Haroldo Vásquez, de la Asociación de Jueces y Magistrados, indicó que las denuncias son una manera de trasparentar los señalamientos, mientras que la queja sea objetiva y no vaya en contra de una resolución, sino en contra de un acto inidóneo de parte del juez.
Por su parte, Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, señaló que el aumento va de la mano con el incremento de la actividad judicial en el país, pero aumentará la impunidad si las denuncias no son investigadas de manera objetiva.