Miguel íngel Reyes Illescas
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Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)
Se suele criticar el clientelismo político, el nepotismo y la corrupción coyuntural de empleados y funcionarios. En nombre de un falso moralismo, se piden castigos ejemplares para los enemigos políticos o los competidores económicos en los negocios «irregulares» con el Estado. El capital de la cúpula y sus voceros consideran grave delito la corrupción del capital emergente, de sus políticos y de sus funcionarios asociados, pero la corrupción propia se acepta, porque se consideran dueños del Estado.
El Estado patrimonial
En la vida cívica normal de un país la corruptela debiera ser la excepción, pero en situaciones de crisis socioeconómicas se suelen producir las condiciones sociales y crecer la propensión para hacer uso de ella. Entre los poderosos nadie quiere perder, y mejor si se especula o se acumula por cualquier medio. Mientras tanto, las mayorías, con poca conciencia, desorganizadas y en empobrecimiento buscan sobrevivir como pueden. En sus escritos politológicos y en sus análisis políticos. Carlos Marx fue explícito en esta materia.
La tendencia cultural para la apropiación de los recursos estatales y la prebenda son más acentuados en Estados Patrimoniales o patrimonialistas, esto ha sido mostrado convincentemente por Weber, Guatemala es un Estado Patrimonial, o sea un Estado que desde su formación como tal, en el momento de la llamada «Conquista» nació y evolucionó como propiedad de unas pocas familias. Estos estados suelen mantener su sistema de dominación precisamente activando y refuncionalizando intermitentemente sus prácticas nepóticas, prebendales y de control semi-servil del trabajo público de la población dominada, máxime si ésta es de pueblos étnicamente diferenciados de la élite del poder.
En sistemas de este tipo, la situación empeora si la sociedad ha reproducido o va aprendiendo a reproducir esos patrones políticos de comportamiento; en Guatemala, sumidos en la miseria, ante la mayor penuria y desastres ambientales, se vislumbra este grave peligro porque se acrecientan las condiciones propicias; las prácticas patrimoniales escondidas tras los PACUR, pervirtiendo a los Consejos Departamentales de Desarrollo y reintroduciendo el uso de mano de obra no remunerada para construcción de caminos y puentes en los cerca de veinte mil consejos comunitarios del país, son avisos elocuentes de ese peligro.
Los actores a la escena
Con la crisis en ascenso, comienzan a salir en los medios de prensa, en el Congreso y en los múltiples conciliábulos de negociación política y económica, los actores directos e indirectos de la trama y sus arreglos. San Juan Sacatepéquez es un antecedente de los actores que aparecen, los intereses de una poderosa familia y las necesidades concretas de organizaciones indígenas y campesinas en resistencia. El gobierno se inclina por la primera, basado en un acuerdo nefasto de Berger-Stein-Municipalidad.
Salvo algún «exabrupto» (sic), las diferencias con el núcleo pequeño y duro del empresariado tradicional y sus voceros en el CACIF se están dirimiendo y posiblemente se diriman en una sorda y suave disputa en torno a la modernización fiscal, Petrocaribe y la ampliación presupuestaria, eventualmente, en torno a una Iniciativa de Ley de Reforma Rural Integral.
Los cambios en las coaliciones y alianzas en el legislativo después del relativo distanciamiento con el Partido Patriota también figuran como antecedentes. El viraje principal fue expuesto por el propio Presidente: negociará con los otros partidos porque en la UNE hay cuatro fracciones con intereses propios. Las negociaciones están en marcha.
Otro antecedente de los arreglos que vendrán son los acuerdos para la rápida negociación de la prórroga de los contratos petroleros. La excusa ha sido crear un Fondo de Petróleo. Se conoce, de fuentes creíbles, a qué se debió la rápida aprobación en segunda lectura del proyecto de ley respectivo. Se sabe también que los empresarios corruptos y corruptores repondrían esos montos en breve plazo.
¿Neofeudalismo?
Stiglitz ha proclamado el fin del neoliberalismo como ideología y quizá de toda la economía basura (Michael Hudson) que le sirvió de fundamento simbólico. El tópico es mucho más crítico entonces porque en concordancia con las prácticas patrimonialistas internas podríamos estar a la vecindad de un «nuevo orden internacional» con rasgos neofeudales. Sobre esto ya se ha escrito con propiedad desde distintos ángulos.
Se sabe que la mayoría de estados y la política en general en muchos países han sido degradados a empresas gestoras y administrativas de los intereses de las grandes corporaciones. Lo relativamente nuevo en la opinión pública es la forma como se están arreglando los intereses familiares de los megabillonarios con las cúpulas gubernamentales y los contratistas de las grandes explotaciones y sus arreglos para el control de mercados. El grupo neoconservador de los Bush ha llevado la batuta. Y en el proceso de integración centroamericana la asociación entre las transnacionales y las familias criollas ya han formado verdaderas redes de poder regional político-económico que tienden a recordar épocas, dolores y partos pretéritos.
Decidir es el dilema
El sordo y suave pulso de las próximas semanas y meses entre el viejo empresariado y un Presidente que necesita recursos inmediatos para su período de gobierno gira alrededor de miles de millones de dólares y puede resolverse con prebendas. Este es el camino equivocado pero en crecimiento. La otra es consolidar y continuar con los cambios de personal y desarrollar con valor y honradez propuestas nacionalistas de sensible proyección social. América del Sur lo está haciendo.
En este dilema y en el comienzo del escalamiento de la crisis, los recientes cambios en el personal del Estado a seis meses de iniciada la gestión del Presidente parecen indicar un viraje táctico para tratar de solventar ese suave pulso de fuerzas con el viejo empresariado. En efecto y con probabilidad, en los próximos seis meses se decidirán las condiciones y las cantidades bajo las cuales el Gobierno habrá de disponer de recursos para gobernar y concluir su período.
Los cambios de personal aparentan virar hacia una imagen de centro-izquierda en búsqueda de eficacia, de menor corrupción y del desplazamiento relativo – y quizá de corto plazo, de personajes influyentes en su gobierno. Coinciden con la posibilidad de remontar la opinión pública desfavorable. Los cambios recibieron aceptación y ahora falta ver si se reorientan las acciones básicas.