Miles de estudiantes marcharán hoy en Bogotá y otras ciudades colombianas y el sábado debatirán la oferta gubernamental de retirar del Congreso un proyecto de ley de reforma universitaria, a cambio de suspender la huelga que lleva casi un mes y retornar a las aulas.
Los líderes del paro decidieron mantener la protesta pese a la oferta del gobierno porque, argumentaron, «la manifestación democrática es un derecho consagrado en la constitución».
«Para marchar nos sobran los motivos», dijo en diálogo telefónico con The Associated Press Sergio Fernández, uno de los voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) que agrupa representaciones de alumnos de las distintas universidades públicas y privadas y que coordina la protesta.
Los 1.500 estudiantes que integran la Mane se reunirán el sábado en un auditorio de la Universidad Nacional en Bogotá para decidir si aceptan, rechazan o condicionan la oferta del gobierno, explicó Fernández, de 25 años, estudiante de la maestría de Derecho en la pública Universidad Nacional.
Agregó que la cita se fijó para el sábado porque muchos de los delegados de la Mane son estudiantes de otras regiones del país y hay que darles tiempo para desplazarse. Aseguró desconocer cuál será la decisión de la mayoría respecto del paro.
Fernández estimó que al menos 200.000 personas entre estudiantes, familiares y representantes de sindicatos que los apoyan marcharán el jueves desde distintos puntos de la ciudad para congregarse al mediodía en la céntrica Plaza de Bolívar.
Líderes estudiantiles comenzaron un paro nacional en las universidades públicas el 11 de octubre exigiendo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos retire del Congreso un proyecto de reforma universitaria. Los estudiantes sostienen que no fueron consultados sobre el texto, que propuestas que habían hecho desde inicios de año no fueron tomadas en cuenta en la redacción y que algunos de los 164 artículos del proyecto abren la puerta a la privatización de las universidades públicas.
Uno de los artículos del proyecto declara que «las instituciones de educación superior estatales tendrán personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera». Los estudiantes aseguran que esa autonomía financiera permite que una universidad sea tratada como si fuera una empresa y se pueda declarar en quiebra si carece de fondos para su financiamiento, por lo que demandan excluir ese aparte, entre otros.
El gobierno de Santos niega que busque privatizar la educación universitaria pública.
«La reforma se estigmatizó y se dice que con esta reforma se privatizaba la educación y nada más falso y nada más alejado de la realidad», dijo la ministra de Educación María Fernanda Campo el jueves a la radio Caracol.
En Colombia funcionan 37 universidades e instituciones de educación superior públicas y 17 privadas que albergan a 1,8 millón de estudiantes, unos 690.000 de los cuales estudian en instituciones privadas, según el Ministerio de Educación.
De acuerdo con el gobierno, la reforma es necesaria porque el sistema actual data de 1992 y desde entonces más bachilleres se gradúan cada año y hay que aumentar tanto el presupuesto estatal como los cupos disponibles para atender la creciente demanda.
Legisladores del oficialismo pidieron el miércoles a Santos retirar el proyecto del Congreso para evitar el desgaste político que implica el conflicto estudiantil.
El mandatario ofreció entonces retirarlo si los estudiantes levantaban el paro y retornaban a clases. Santos explicó que por normas del Congreso el retiro debe ser votado, pero como la mayoría de los congresistas son de la coalición oficialista la aprobación se da por descontada.
«No quiero pensar en ese escenario», dijo la ministra al ser consultada sobre qué haría el gobierno si se extiende la suspensión de clases.