A cinco años del desalojo violento en la Finca Nueva Linda, ubicada en Retalhuleu -a raíz del cual fallecieron campesinos y tres policías-, los hechos siguen impunes, al igual que la desaparición del dirigente Héctor Reyes, lo cual habría motivado la ocupación.
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Esta mañana, unos 500 campesinos e indígenas integrantes de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) efectuaron una movilización pacífica que se concentró en las inmediaciones del Trébol, para luego dirigirse hacia el Congreso de la República y la Presidencia, donde se reunirían con representantes de ambos organismos y de la Secretaría de Asuntos Agrarios, para exigir el esclarecimiento de los hechos.
En aquella oportunidad la Procuraduría de los Derechos Humanos señaló la existencia de «indicios suficientes» para afirmar que «algunas de estas muertes se tratan de ejecuciones extrajudiciales»; empero, las investigaciones no han dado ningún resultado positivo.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto a otras organizaciones sociales manifestó su preocupación por el desalojo forzoso llevado a cabo por miembros del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC), el 31 de agosto de 2004, ya que varios campesinos siguieron siendo víctimas de amenazas e intimidaciones.
Juan Tiney, dirigente de la CONIC, indicó que la movilización se realizó para conmemorar un año más del asesinato de diez campesinos.
El entrevistado adujo que las familias campesinas que han sido desalojadas en varias oportunidades no han sido resarcidas, por lo que también exigirían a las autoridades de ambos organismos que se resuelva el problema de acceso a la tierra de más de 570 familias, así como la rebaja de la deuda de más de 34 comunidades, de Chimaltenango, Sololá y Quetzaltenango.
«Se han entregado varias cartas de oferta pero no han sido atendidas y tampoco se ha aprobado el presupuesto por la falta de voluntad de este gobierno por atender a las comunidades mayas y campesinas», señaló Tiney.
El líder sindical campesino Héctor Reyes fue secuestrado y desaparecido en 2003, él trabajaba como administrador de la finca Nueva Linda.
Se buscó la reacción del representante de la SAA, Alfonso de León; sin embargo, no atendió las llamadas a su teléfono móvil.