Una nueva marcha por los desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985) se realiza hoy en reclamo de «verdad, justicia, memoria y nunca más» ante un posible referendo para anular una ley de amnistía a militares.
Como desde 1996, la organización de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Uruguay reedita la marcha, que realiza en silencio y sin proclamas todos los 20 de mayo.
Ese día fueron asesinados en 1976 en Buenos Aires el senador Zelmar Michelini, líder y fundador del izquierdista Frente Amplio, hoy en el gobierno, y Héctor Gutiérrez Ruiz, miembro del Partido Nacional (conservador) y presidente de la Cámara de Diputados, junto con los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
Durante la dictadura uruguayo desaparecieron casi 200 opositores, la mayoría en Argentina, gracias a la colaboración entre ambas dictaduras.
La consigna que preside este año la marcha alude a la posible convocatoria de un plebiscito para anular la Ley de Caducidad en octubre próximo, junto con las elecciones nacionales, tras una campaña de recolección de firmas que aún deben ser avaladas por la Corte Electoral.
Esa ley, votada en 1986 y ratificada por la ciudadanía en un referendo en 1989, evitó enjuiciar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, salvo aquellos casos que indicase el Poder Ejecutivo.
«La Marcha del Silencio (de este año) es el puntapié inicial para anular la Ley de Caducidad», dijo el senador Rafael Michelini, hijo del legilsador asesinado.
Por su parte, el sindicalista Luis Puig, de la comisión pro referéndum, afirmó que «es una marcha en un año muy particular, cuando los uruguayos van a ir a un plebiscito para anular la Ley de Caducidad», lo que «reafirma el entusiasmo».
De hecho, en setiembre de 2006 la justicia dispuso los primeros procesamientos por violaciones a los derechos humanos, que recayeron sobre ocho militares y policías retirados.
Asimismo, fueron procesados con prisión los ex dictadores Juan Bordaberry (1973-1976) y Gregorio Alvarez (1981-1985), en 2006 y 2007 respectivamente: el primero, como «coautor de homicidio especialmente agravado» en los asesinatos de Michelini, Gutierrez Ruiz, Barredo y Whitelaw; y el segundo, como «coautor de reiterados delitos de desaparición forzada».
Puig estimó que durante el gobierno de izquierda del presidente Tabaré Vázquez, cuya gestión se inició en 2005 y culmina en 2010, «hubo avances notorios en materia de derechos humanos», pero estimó que «falta anular la ley, que hasta ahora ha significado una traba para el desarrollo pleno de la democracia».
Como todos los años, la marcha saldrá de la Plaza de los Desaparecidos, sin velas, ni flores, ni banderas partidarias, sólo portando los carteles con las fotos de los que no están, hacia la Plaza Libertad, a unas 20 cuadras de distancia, nombrando en cada esquina a cada uno de ellos.
En tanto, el precandidato presidencial del conservador Partido Nacional, Jorge Larrañaga, convocó a un homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para una hora antes de la marcha, al que asistirá Matilde Rodríguez, viuda de Gutiérrez Ruiz, y familiares de Michelini.
Puig dijo que «nos parece bien que se haga el homenaje» aunque «nos preocupa que sea sólo por los legisladores» asesinados y «no una reivindicación de verdad y justicia para todos».