El endeudamiento de un país es una cuestión seria y delicada y en el ejemplo de Grecia podemos ver lo que provoca la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas de un Estado. Sin embargo, y pese a lo delicado del tema y las evidencias de que en el Congreso cuesta mucho lograr acuerdos, los bonos pasaron sin mayor dificultad al final de cuentas porque se ocuparon de aceitar adecuadamente la maquinaria, entregando a los diputados la capacidad para aprovecharse mediante jugosos contratos, de buena parte del producto de ese endeudamiento.
Una de las quejas más concretas sobre nuestra «institucionalidad democrática» es la dificultad para lograr que el Congreso de la República apruebe leyes de interés general y cómo, en medio de enormes disensos, se entrampa la agenda legislativa cuando hay tantas cuestiones verdaderamente urgentes que reclaman la atención, especialmente en temas como seguridad ciudadana y la necesaria reforma del Estado. Los economistas de gobierno sostienen que el nivel de nuestra deuda pública es aún manejable y revisando informaciones que se dieron en Grecia cuando se discutía en ese país el aumento de la deuda, vemos que los mismos argumentos que esgrimen nuestros técnicos eran los que exponían los griegos para justificar sus iniciativas. Hoy en día se ha demostrado que todos los argumentos salieron sobrando porque a la par de un grosero endeudamiento se implementaron medidas de gasto público que no tenían sustento financiero y de esa cuenta el país llegó a una crisis de gravísimas repercusiones aun en lo político, como se puede ver ahora. Esperar de nuestros diputados un razonamiento a fondo sobre las implicaciones del aumento de la deuda es inútil, puesto que los criterios para votar no tienen nada que ver con los intereses nacionales. Repetimos que la habilidad que tuvo el oficialismo fue la de aceitar la maquinaria, al estilo de lo que hacía Serrano para lograr los votos en el Congreso, y de esa cuenta, piñatizando los recursos del Estado, se aseguraron la aprobación de los bonos a cambio de que los diputados pudieran disfrutar de los contratos para realizar obra pública. El hecho está consumado porque la aprobación ya se dio y se acordaron los niveles en los que los diputados podrán usar ese dinero para sus «propios» proyectos. Pero es importante destacar que una de las grandes fragilidades que tiene nuestra institucionalidad democrática está precisamente en ese divorcio entre el interés nacional y las decisiones de la clase política que actúa con base en sus propios y generalmente mezquinos intereses, como quedó ampliamente demostrado con la forma en que fueron aprobados los bonos.