Ha llamado la atención cómo el Presidente de la República reconoció que fue mal asesorado en cuanto a la implementación de la ley que forzaba a los terratenientes a la siembra de granos básicos, puesto que evidentemente quienes le dijeron de la vigencia de esa ley no le indicaron que la misma planteaba como instrumentos para su aplicación a instituciones que ya no existen en Guatemala, como Indeca y Bandesa.
La rectificación presidencial es un gesto al que no estamos acostumbrados porque muchos de los que han gobernado al país tienen la idea de que rectificar es mostrar debilidad y por ello prefieren la tónica de «este macho es mi mula». Ahora, cuando en una conferencia de prensa conjunta entre el Ministro de Comunicaciones y el consorcio de dueños de buses que se autonombran empresarios, se nos notifica a la población que decidieron aumentar el subsidio «para pagar el aumento al diésel», viéndonos la cara de babosos porque los subsidiados (los dueños de buses) no compran el diésel sino que trasladaron esa carga a los pilotos, es necesario que el Presidente ordene una rectificación porque se evidencia un tráfico de influencias y pago de favores políticos que es imperdonable.
Nadie tiene control de cuántos buses han trabajado en estos meses como para ofrecer un subsidio retroactivo y que no nos vengan a decir que han operado con pérdidas y que el Estado se las va a pagar retroactivamente porque sabemos que esos dueños de buses, que no son empresarios, jamás operarían si están perdiendo un centavo, no digamos cantidades que podrían llegar a tres millones mensuales según lo que se desprende de la decisión del Ministro de Comunicaciones.
El Gobierno puede decir que están atajando un problema grave y saliendo al paso de un paro que podría complicar la gobernabilidad, pero había otras formas de hacerlo sin regalar el dinero a los autobuseros con un subsidio que nadie puede supervisar y, lo peor, que no tendrá ningún efecto positivo para la población.
Si un empresario de transporte recibe dinero simplemente por tener inscrita un vieja camioneta en los registros del subsidio, qué incentivo tendrá para comprar una unidad nueva si lo mismo le pagan con chatarra. Obviamente los usuarios jamás tendrán una mejora en el servicio bajo ese concepto y el malestar del usuario se convierte, paradójicamente, en el petate del muerto para justificar el robo descarado que se comete en el erario. Imposible comprobar, por la porquería de sistema de fiscalización existente, si los transportistas financiaron la campaña de Colom como dicen algunos de ellos, pero que están siendo pagados con creces es algo que salta a la vista.