Ante la crisis financiera mundial que nos está afectando a casi todos por parejo, me propuse hacer algunos recortes en mi presupuesto familiar, incluyendo los costos del servicio de Internet, de manera que me interesó un anuncio de la empresa Turbonet, subsidiaria de Telgua, que propone una oferta consistente en proveer esa función a un costo mínimo de 21 dólares mensuales, a la más baja velocidad de navegación.
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  Como mis necesidades de la red electrónica no son muy apremiantes, el martes fui a la agencia de Telgua en Hiper Paiz de Las Majadas, donde un joven me indicó que yo pagaría el 50% del costo (US $10.50) durante los primeros tres meses, pero debía dejar un depósito de Q300.00.
  Le advertí que yo había suscrito un contrato con Turbonet por el equivalente a alrededor de 60 dólares, con un mega de velocidad y con derecho a llamadas ilimitadas en el teléfono fijo de la casa que habito, siempre que la comunicación sea con otro aparato telefónico de Telgua. El empleado comprobó en su ordenador la existencia de ese contrato, cuya copia jamás me la entregaron, y que ahora supe que vence en marzo de 2010.
  Sin embargo, me dijo que no había dificultad para que bajara mi velocidad de navegación en mi computadora, a fin de pagar 21 dólares mensuales, siempre y cuando yo estuviera dispuesto a cancelar «una penalidad» de Q600.00, fuera de que no podía optar a la oferta del 50 % de la rebaja mañosamente publicitada. Estuve de acuerdo con los términos del promotor, que agregó que en la próxima factura de Telgua se adjuntaría el cobro de la «penalidad».
  Pero la noche del miércoles recibí una llamada de otro empleado de Telgua, para decirme que no era posible rescindir o modificar el anterior contrato, de suerte que debo seguir pagando aproximadamente Q800.00 mensuales por el servicio de Turbonet hasta marzo del año entrante. Añadió que lo que sí podía es subir la velocidad de mi computadora, pero que tendría un costo más alto. Generoso el tipo.Â
  No asombra la publicidad engañosa de Telgua y tampoco su negativa a rescindir el convenio, porque se trata de un contrato de adhesión, en la que una de las partes, la económicamente más fuerte, impone el tipo de cláusulas que la otra parte se ve obligada a aceptar, sin tener el derecho de revocarlo, a menos que favorezca a la más poderosa, lo que significa la preponderancia de la voluntad de uno de los contratantes sobre el otro. En otras palabras, la empresa transnacional puede hacer lo que le dé la gana con sus usuarios, que nos encontramos impotentes, indefensos, vulnerables.
  (Romualdo Tishudo vuelve a citar al dramaturgo Pérez de Ayala: «Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente»)