El gobierno de Raúl Castro castigará con mano dura la especulación en el precio de los alimentos y el robo de recursos del Estado desatados en las últimas semanas, en momentos en que Cuba enfrenta la difícil situación que dejó el azote de dos huracanes.
«No es permisible que (…) haya un grupo de personajes sin ningún sentido de dignidad y de vergí¼enza pretendiendo enriquecerse con las dificultades y problemas que tenemos en este momento», afirmó el fiscal general de Cuba, Juan Escalona.
Escalona destacó que la Fiscalía pidió a los tribunales que apliquen las condenas mayores establecidas en el Código Penal para sancionar esos delitos, que incluyen años de cárcel, trabajo correccional y la confiscación de cuentas bancarias producto del negocio ilícito.
Tras el azote de Ike y Gustav, que dejaron miles de damnificados y pérdidas por unos 5 mil millones de dólares, aumentaron los precios en mercados donde los campesinos venden sus excedentes productivos -tras entregar una cuota al Estado-, y operan por la ley de la oferta y la demanda.
Las autoridades detectaron también especulación y robo de alimentos en el mercado negro, donde también se negocian medicamentos, tejas, cables eléctricos y telefónicos y otros materiales de construcción sustraídos al Estado, que serán sancionados con severidad.
«Son medidas muy oportunas, que buscan proteger a los que tenemos menos, porque ya algunos se frotaban las manos pensando en hacerse ricos con esta situación», declaró María Palacios, una jubilada de 75 años, que hacía compras hoy en un agromercado de la capital.
La anciana se refería al aumento sensible del precio de algunos productos que se venden en los mercados agropecuarios, a los que los cubanos acuden regularmente para completar una canasta básica que, aunque a precios muy subsidiados, resulta insuficiente.
La cruzada oficial contra el robo y la especulación, acompañada de una fuerte campaña mediática, incluye el reforzamiento de los controles en mercados, empresas y entidades sobre todo del sector alimentario, e involucra a policías, agentes del ministerio del Interior y a inspectores estatales.
«Es una asedio fuerte, creo que hasta innecesario, esta semana hemos tenido inspectores todos los días», comentó, Yulián Sánchez, administrador de un agromercado, ubicado en el barrio del Vedado.
Como parte de la ofensiva contra el robo y la especulación, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, única) también convocó ayer a sus más de 3,4 millones de afiliados a discutir en asambleas y combatir esas infracciones a ley.
«Son hechos que la clase trabajadora no puede aceptar» y que «serán combatidos por los colectivos laborales del país», señaló la CTC en una declaración.
Rogelio, un carnicero cuarentón, explicó que en el agromercado donde labora la carne no ha subido de precio. «Hablaron con nosotros, nos explicaron la situación y todo quedó igual, lo que no queremos son imposiciones ni excesos», apuntó.
En dos artículos de prensa, Fidel Castro, a quien su hermano Raúl sustituye desde febrero en la presidencia, pidió al Partido Comunista sancionar «sin tregua» esos delitos. «No hay excusa posible en esto para un verdadero comunista». «Es absolutamente inadmisible», dijo el líder de 82 años, enfermo desde julio de 2006.
El robo de productos en almacenes y entidades estatales, combustible, materiales de construcción y equipo, nutre un gigantesco mercado negro, que se incrementó a partir de la crisis económica de los años 90 y al cual recurren a diario los cubanos porque los precios en las tiendas son elevados para el salario medio (de unos 17 dólares).