En el Congreso existen dos iniciativas sobre fideicomisos públicos que plantean eliminarlos gradualmente o regularlos para que puedan ser fiscalizados; según los diputados que las avalan, la falta de voluntad hace que los proyectos permanezcan engavetados, pero el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advierte que más allá de la falta de disposición para abordar el tema, se observa manipulación y bloqueo político para evitar una nueva legislación.
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El Icefi analizó el problema de los fideicomisos públicos, identificando por lo menos diez desafíos para lograr transparentar esos mecanismos paralelos de ejecución de gasto. Destacó la ausencia de una legislación específica, escasa rendición de cuentas, acceso limitado a la información, dificultad para fiscalizarlos, adquisiciones no reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado, manipulación política y mala calidad del gasto, entre otros.
Durante un foro sobre los problemas que le han implicado al país los fideicomisos, manifestaron que existe un “bloqueo político para aprobar las medidas que permitirían avanzar hacia la solución del problema de los fideicomisos públicos”.
Según Icefi, existe una resistencia por parte de las autoridades estales en negarse a la aprobación de leyes que detengan actos de corrupción que se pueden dar dentro de los fideicomisos, dado que el Congreso ya ha conocido muchas iniciativas que pretenden modificar la forma en que hasta hoy se han manejado dichos convenios.
Icefi ejemplificó con el Fondo para la Paz, el cual el presidente Otto Pérez Molina ordenó cerrarlo por ser una de las principales fuentes de corrupción del Estado y por las dificultades que presenta para fiscalizarlo.
Entre las iniciativas de transparencia se cuentan la 4461 y la 4462, en las cuales se incluyen medidas que intentan solucionar el problema que hasta el momento los fideicomisos le han representado al país, pero ninguna ha avanzado en el Congreso.
En la iniciativa de ley de Presupuesto –4461–, en dos artículos se incluye la eliminación de los fideicomisos de forma gradual. En la 4462 se encuentra la ley que regula los fideicomisos, donde se pretende que estos sean en la Ley de Contrataciones del Estado, para que exista más control en las compras.
EN EL EJECUTIVO
El presidente Otto Pérez Molina, durante su discurso de Un año de gobierno, dijo que este año se aprobaría el paquete de leyes de transparencia, que presentó el año pasado al Congreso, en las cuales se encuentran leyes que podrían darle solución a la corrupción que emerge de los fideicomisos.
Pero a pesar de esto, la bancada del Partido Patriota (PP), que es la que cuenta con mayoría en el Congreso y que ha demostrado aprobar las leyes que agendan, no mostró interés alguno en aprobar dicho paquete de leyes, y este año justifican que no han podido aprobarlo porque el Pleno se encuentra en el proceso de interpelación al ministro de Cultura y Deportes Carlos Batzín.
El mismo PP no ha manifestado tener voluntad política para desbloquear el Pleno, al romper quórum y no intentar dialogar con la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder).
EN EL LEGISLATIVO
El diputado Amílcar Pop expresó que no se cuenta con voluntad política y no hay demostración de interés en las bancadas PP y Líder para aprobar la ley que propone eliminar los fideicomisos, ya que esta iniciativa no responde a los intereses que los congresistas representan.
Según Pop, los diputados son “una herramienta del poder económico”, es por este motivo que no ve viable la posibilidad de aprobar una ley que pretende eliminar los fideicomisos.
El legislador agregó que esto es debido a que muchos diputados se benefician de comisiones por los proyectos que surgen de los fideicomisos, además que es un negocio favorable para la banca privada del país.
Por su parte, el representante Álvaro Ricci, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, considera que no existe ningún apoyo para eliminar la figura del fideicomiso, pero como encargado de dictaminar la iniciativa de ley que permite regularlos, asegura que pudo ver un poco más soporte por esta propuesta.
Según el Congresista, no es suficiente que los diputados del PP estén de acuerdo en aprobarla, sino que también debe existir interés en la vicepresidenta Roxana Baldetti y Pérez Molina, “debido a que la bancada aprueba lo que ellos quieren”, pero hasta el momento, “con sus actos” de no querer desentrampar la agenda o de no agendar esas iniciativas de leyes el año pasado, asegura que los mandatarios no han manifestado mayor importancia por aprobar las leyes.
FIDEICOMISOS PÚBLICOS
El Icefi explicó que, aunque en años recientes el gasto ejecutado por los fideicomisos públicos se ha reducido (el gasto ejecutado en 2012 fue 72% menor al ejecutado en 2010), persisten los problemas estructurales y de fondo que los hacen vulnerables a la corrupción y poco transparentes. Esta reducción se explica porque en 2012 se creó el Ministerio de Desarrollo Social (que sustituyó al fideicomiso del programa «Mi Familia Progresa»), y a partir de ese año Covial y Fonapaz han ejecutado montos crecientes de gasto fuera de sus respectivos fideicomisos. El Icefi advirtió que esta situación plantea nuevos desafíos para las unidades de auditoría interna y para la Contraloría General de Cuentas.
El instituto analizó con detalle los casos de Covial y Fonapaz. En el caso de Covial destacó que, aunque se esté ejecutando fuera del fideicomiso, persiste un serio conflicto de intereses, en el que grupos de contratistas del Estado participan tomando decisiones sobre los contratos para el mantenimiento de la red vial. En el caso del Fonapaz, aunque consideró que su liquidación es un paso adelante, la creación del nuevo Fondo de Desarrollo Social también con un fideicomiso como instrumento financiero es un retroceso. El Icefi argumentó que la integración del comité técnico del nuevo fideicomiso que reemplaza al Fonapaz tiene un grave riesgo de manipulación política, e incluso podría implicar volver a los gastos confidenciales a discreción de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, un problema que había quedado resuelto con la reforma constitucional de 1993.