La crisis polí­tica derivada del asesinato de Rodrigo Rosenberg planteó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala un escenario totalmente distinto porque súbitamente hubo respaldo aun de sectores que se habí­an opuesto a la CICIG para que investigara ese crimen, el de los señores Musa y las acusaciones formuladas por Rosenberg en el ví­deo que filmó antes de su asesinato. El alto impacto de esa situación hizo que los ojos de la opinión pública se centraran en el trabajo de investigación relacionado con esos casos de tantos ribetes polí­ticos y, mientras tanto, los actores de otros procesos en los que CICIG ha venido trabajando se movieron para aprovechar la confusión y dar su zarpazo, usando para el efecto las estructuras a su servicio en el poder judicial.

Hoy se publica que los jueces se sienten agraviados por la acción de la CICIG que no sólo apeló el fallo de la jueza que los apartó del caso Portillo sino que la acusó de obstrucción de la justicia y se dice que un movimiento de juzgadores podrí­a dar su respaldo a la abogada que sin pudor ni recato dispuso asegurar sin lugar a ninguna duda que Portillo quede sin ser sometido a un proceso serio de investigación. Por supuesto que nadie se sorprenderí­a que sean varios los jueces que se sumen al respaldo de la que obstruye justicia, puesto que en esa función son varios los que tienen papeles asignados por los tenebrosos grupos de poder oculto que funcionan como grupos clandestinos. Pero es momento de ver si en medio de la podredumbre también salen a luz los rostros de la decencia y vemos a juzgadores que entienden que el paí­s no puede seguir por la senda de la corrupción y de una justicia vendida al mejor postor. Estoy seguro que hay jueces en Guatemala que tienen patriotismo y tienen decencia y que entienden que nos urge ponerle coto a las prácticas indignas que han vilipendiado al sistema judicial en el paí­s.

Aquí­ la cosa está muy clara y la ciudadaní­a tiene que entenderlo porque se está jugando la carta decisiva para ver si es posible hacer algo para detener nuestro rápido avance hacia la condición ya ineludible de Estado fallido. Hoy somos aún un Estado frágil que tiene instituciones débiles incapaces de cumplir sus fines y en el aparato de justicia es donde más se nota esa debilidad. No necesitamos que todos los jueces sean transparentes y honestos, pero sí­ que al menos dispongamos de algunos con tales atributos para que se pueda iniciar la depuración del sistema. Si todos los jueces se vuelvan en apoyo a la corruptela, el espacio para esperar cambios por la ví­a normal y legal se cierra, poniendo así­ en agoní­a a todo un sistema que estará dando sus últimos estertores. Pensemos por un momento lo que serí­a hoy en Guatemala ver que la CICIG se va porque definitivamente ya no puede hacer nada para combatir la impunidad. Si ellos se van, ¿Podremos nosotros como ciudadanos hacer el trabajo? Un serio tema para reflexionar.