¡Los responsables de los hechos lamentables acaecidos en Totonicapán a resultas de provocar a las fuerzas del orden, establecidas en un Estado de Derecho. Fueron los incitadores, quienes se han encargado de acciones perjudiciales de adoctrinamiento para convencer a la gente a participar en estas medidas de hecho, denominadas: “manifestaciones pacíficas”, supuestamente para la “defensa de derechos de un sector de la población”, mediante engaños de líderes negativos!

Estos grupos de incitadores de la violencia social se han aprovechado de los problemas y las necesidades que sufre la población para empujarlos a que participen en estas “manifestaciones pacíficas”, que pretenden enfrentarlos con las autoridades, para que accedan (sí o sí) a las peticiones que reclaman, olvidando que todas las peticiones tienen que ser consideradas, de acuerdo con diversos parámetros establecidos y de los cuales no puede salirse el Gobierno ni el Estado en general. Primero, porque un sector de los pobladores no puede exigir más allá de lo que pueda ser posible, puesto que existen otros sectores y necesidades que también deben ser atendidos. Sin duda, que hay grupos de la sociedad que merecen una mayor atención social por vivir en condiciones de vulnerabilidad, mereciendo por ello, que los gobiernos cumplan con destinar mayores recursos para encontrar  un equilibrio básico, entre tanta desigualdad histórica.

“Estos líderes” han sido capacitados para involucrar a las personas en actos ilegales y lo peor es que también conocen las malas consecuencias que les pueden esperar por actuar al margen de la ley, ¡pero eso poco les importa! mientras hayan logrado causar alteraciones a la paz y la concordia, romper el orden público y propiciar anarquía de ingobernabilidad. Ellos saben manejar la situación y lo primero que montan es un fuerte aparato publicitario para magnificar los hechos y como si fueran los jueces facultados para emitir sentencia, de una vez declaran a los culpables (en este caso a las fuerzas de seguridad). Piden destituciones e instan al Ministerio Público a iniciar las investigaciones para formular procesos penales; y por supuesto, la Fiscal General aprovechó el momento para lucirse como “eficiente auxiliar de la justicia”, llevando agua a su molino y queriendo demostrar una eficiencia que no aparece, presentó un informe sin imparcialidad.

¿Por qué no orientamos a nuestra gente sobre que la convivencia en sociedad nos impone el respeto a la Ley? ¿Por qué no les enseñamos lo que significa vivir en un Estado de Derecho”. En el primer caso, la condición principal de la convivencia social pacífica se fundamenta en acatar la ley. Si faltamos a esta condición nos colocamos como violadores de la ley, pues cometemos delitos penados por la ley. En el caso de las manifestaciones de octubre 2012 en Totonicapán, los manifestantes no respetaron la ley, puesto que se enfrentaron a las fuerzas del orden público, con el saldo lamentable de muertos y heridos, que se hubiesen podido evitar si las protestas hubiesen sido pacíficas y no violentas. En la otra pregunta se dice que vivimos en un Estado de Derecho, lo que significa que nos regimos por normas jurídicas emanadas de la Carta Magna, de un Estado Democrático.

Retomando el titular del tema de hoy, la mencionada manifestación no tuvo nada de pacífica, en realidad fue violenta puesto que se presentaron con los acostumbrados morrales o mochilas con suficientes piedras para atacar a los policías, con palos y la provocación abierta, puesto que la mecánica que utilizan es la de avanzar hacia las fuerzas de seguridad o esperarlos, y cuando están a tiro, empiezan las pedradas, palos, gritos, insultos y provocaciones, al punto qué, cuando esta situación es insostenible y para prevenir mayor violencia, se lanzan las bombas lacrimógenas para dispersar a la turba, mientras siguen lanzando palos y piedras. En Alaska, uno de los puntos del conflicto iniciado solo como una manifestación, coparon a dos camiones, impidiéndoles el paso y procediendo a quemarlos, siendo que se trata de bienes del Ejército, propiedad del pueblo de Guatemala. También acarrearon con bolsas de cemento, lo que fue un robo, porque lo hicieron con violencia.

¿Dónde están ahora los incitadores? ¿Cómo podrá pagarse el precio de la muerte de tan valiosas vidas humanas? ¿Cómo se podrá resarcir, realmente, a las familias que perdieron a un ser querido? ¡Estas preguntas quedarán sin respuesta, puesto que ahora los falsos dirigentes solo  justifican lo que hicieron y seguirán buscando venganza, sin reconocer su responsabilidad al  comprometer a gente inocente! Tampoco les importaría si los muertos hubiesen sido sus propios hermanos del ejército o la policía, quienes habrían sido linchados por la turba, al permanecer inertes.