Manifestaciones


«Se reconoce el derecho de  reunión pací­fica y sin armas»….bastará la previa notificación de los organizadores ante autoridad competente»

Artí­culo 33 Constitución polí­tica de la República de Guatemala

 

Las protestas callejeras ante las  decisiones tomadas por las autoridades y  por las que los ciudadanos se ven afectados    continúan en el paí­s.

Edith González

Esta semana la policí­a se dedicó a perseguir a los motorizados que se oponen a  la normativa declarada por el Ministerio de Gobernación  para  prohibir  que dos o más personas viajen en una moto. Por supuesto  en la vigilancia de la seguridad    de la reputación del gobierno antes que en la verdadera seguridad social del pueblo.

Porque  de ser así­ Â no verí­amos  verdaderos espectáculos de malabarismo, fuerza y resistencia al pasar  los autobuses con los  hombres colgando  ya no sólo de las puertas trasera y delantera sino  del frente del transporte, incluso  ante los policí­as de EMETRA y las patrullas de la PNC, sin que ni unos ni otros  detengan el transporte y les obliguen a bajar, con la posterior amonestación y multa si fuere necesario a los conductores, por la irresponsabilidad ante la vida de sus pasajeros.

 El irrespeto a las normas de circulación y a la vida misma es cada dí­a mayor. Por eso los accidentes van en aumento. Los conductores cruzan en sitios prohibidos, pasan con semáforo en rojo,  transitan en dirección contraria a la ví­a establecida; conducen a altas velocidades,  rebasan sobre la derecha, en curva y sin medir los riesgos y todaví­a insultan a los peatones cuando no les dan paso para que transiten sobre las aceras.

La existencia  de conductores de todo tipo de vehí­culo, sin licencia es muy alta,  y más aún la de los que poseyéndola no conocen ni respetan las normas de tránsito, porque  no les da la gana, nunca las aprendieron o compraron la licencia. Algo en lo que las autoridades parecerí­a no están interesadas en verificar, porque no  les proporciona beneficios polí­ticos aunque además de ser su obligación, representa la salvaguarda de vidas del pueblo que los eligió para gobernar, según  indica la Constitución de la República en su artí­culo 1: El Estado se organiza para proteger a  la persona y la familia; su fin  supremo es la realización del bien común.

 

Y que hay de las manifestaciones en Huehuetenango  nuevamente por malas decisiones tomadas por las autoridades,  y que ahora  lejos de  buscar solución al conflicto, se establece un estado de Prevención que llevó ya a la violación de los derechos de los  niños al poner en riesgo su vida por los gases tirados por las fuerzas de seguridad contra las puertas de su escuela, a más del riesgo ya producido por los inmensos volcanes de basura fétida que  cubren las calles