No hay ni decoro, ni elemental respeto a la inteligencia de la población; está visto que para administrar nuestra justicia el factor más importante ha venido a ser la desfachatez de juzgadores que se sacan de la manga resoluciones que no tienen fundamento legal, justificación en las pruebas y hechos sometidos a su consideración. El mayor mamarracho legal se escuda en la “independencia judicial” que se ha transformado en un parapeto para permitir hasta las mayores barrabasadas.
Hoy vemos cómo un tribunal colegiado resuelve, afortunadamente no por unanimidad, que la acusación contra Jorge Serrano, que incluye el delito de violación de la Constitución por haber disuelto el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, no procedía porque “no se respetó su derecho de antejuicio”. No sólo la acusación fue posterior a su abandono del poder, sino que en todo caso cómo jocotes pretenden estos jueces que se pudiera hacer valer un antejuicio si ya había disuelto el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia.
Al margen de los delitos de corrupción de los que ha sido sindicado Serrano y que en nuestra legislación será sumamente difícil probarle, el de violación de la Constitución que como Presidente juró defender es obvio e innegable. La única salida que sus abogados encontraron fue la de buscar un tribunal Ad Hoc, dispuestos a bañarse en porquería a cambio de algunos denarios, para que resolviera que se incumplió con el debido proceso porque no se le permitió gozar del derecho de antejuicio.
La inmunidad es una prerrogativa inherente al cargo de Presidente de la República, pero si alguien sale huyendo del país cargado con millones de quetzales y deja tirada la banda presidencial, naturalmente no tiene ese privilegio y debe responder ante la justicia por los abusos y excesos cometidos en el ejercicio del poder. Tal el caso de Serrano que salió hacia El Salvador cuando la Corte de Constitucionalidad restableció el orden constitucional que él había roto, reinstalando al Congreso (corrupto cierta e indudablemente) y a la Corte Suprema que también parecía ferretería por la cantidad de clavos. Por cierto, Guatemala no ha avanzado para mejorar su condición republicana.
Pero el manotazo de Serrano a los otros poderes fue una violación constitucional, punible según nuestro ordenamiento legal y por lo tanto es inaudito que ahora, dos décadas más tarde, se nos hable de su prerrogativa de antejuicio e inmunidad.
La justicia de Guatemala está en boca del mundo entero por sus fallos escandalosos y ahora una mancha más al tigre viene a beneficiar a quien ya se proclama víctima de un golpe de Estado en su contra.
Minutero:
De plano se les fue la mano,
fallando con total caradura,
que no hay razón de captura,
en contra del gordo Serrano