El asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacén, Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte, José Ramón Gonzáles y su piloto Gerardo Napoleón Ramí­rez, la posterior ejecución de sus supuestos victimarios dentro de la cárcel de máxima seguridad El Boquerón y la muerte en manos de agentes de la Policí­a Nacional Civil de cinco jóvenes, entre ellos un menor, que residí­an en el Barrio El Gallito, marcan la polí­tica de seguridad pública del presidente í“scar Berger, que le dan una calificación cero por parte de los analistas.

«Berger no hizo nada en materia de seguridad», inicia tajantemente el analista Mario Mérida. Para él, el presidente saliente heredó problemas que no pudo resolver y que incluso se le escaparon de las manos. Los roces entre el comisionado presidencial de seguridad, Otto Pérez Molina y el entonces ministro de Gobernación, Arturo Soto, generó una crisis desde el principio a lo interno del Organismo Ejecutivo.

Carmen Aí­da Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, opina que durante la breve gestión de Arturo Soto no hubo dirección y, por lo tanto, no se reportaron acciones contundentes. La administración del primer y segundo ministro de Gobernación de Berger tiene por denominador común, la falta de una estrategia real para abordar el tema de seguridad, lo que aisla esta problemática.

«Fuimos testigos de muchas medidas adoptadas para resolver problemas, pero en corto plazo. Eran medidas improvisadas contra la violencia y la criminalidad», expone Ibarra, al aludir el accionar de los gobiernos recientes.

Represión

Dentro de los aspectos más sobresalientes del análisis de los expertos en seguridad destaca que la gestión de Carlos Vielmann es calificada como «represiva». Ibarra sostiene que su llegada es recordada porque fue juramentado junto a todo un equipo renovado, entre los que se cuenta Erwin Sperissen como director de la Policí­a Nacional Civil.

«Hubo mucha represión y se abrieron los espacios para la ejecución extrajudicial. Al final estas fueron responsabilidad del Estado y es evidente el comportamiento institucional sin carácter social», apunta Ibarra.

Casualmente al hacer una retrospectiva de la administración Vielmann, se enumeran varios motines en cárceles públicas, en centros de detención de menores, un repunte en la muerte violenta de pandilleros, el asesinato de los tres diputados salvadoreños, la ejecución de sus supuestos victimarios y la muerte de cinco jóvenes del Barrio El Gallito, con múltiples antecedentes policiacos. En la mayorí­a de estos casos se encuentran involucrados agentes de la Policí­a Nacioal Civil.

Problema complejo

El legado que í“scar Berger deja al presidente electo ílvaro Colom es un problema complejo, señalaron los analistas. El problema de la inseguridad, el narcotráfico, las pandillas y la criminalidad generalizada es un flagelo que todos los gobiernos han arrastrado y que han tratado como un tema aislado.

Tanto Ibarra como Mérida recomendaron al gobierno de la UNE abordar la seguridad pública con una estrategia integral que demuestre que la violencia no es un juego de policí­as y ladrones, pues intervienen otras instituciones como el Ministerio Público y el mismo sistema de Justicia.

«El problema es más complejo de lo que parece y hasta el momento no se vislumbran polí­ticas claras. Sólo se presentan respuestas tácticas y la UNE no ha presentado públicamente una estrategia», señala Mérida.