La Corte Suprema de Estados Unidos decidió la semana pasada reconocer el derecho que tienen los presos acusados de terrorismo que están en Guantánamo, Cuba, a someter sus casos ante la justicia norteamericana para que decida si las detenciones y los procesos son justos y tienen base legal. La decisión sienta un enérgico precedente que fue de inmediato cuestionado por el presidente Bush quien dijo que él estaba de acuerdo con el voto disidente de la minoría de magistrados que se opuso a la resolución.
El portavoz del voto disidente y quien redactó el voto razonado en contra de la mayoría fue, como era de esperar, el más conservador de los magistrados, Antonin Scalia, quien no tuvo el menor empacho ni rubor en firmar un planteamiento que se pasa por el arco del triunfo el derecho y privilegia las consideraciones de tipo político. Lo que estaba en juego era si legalmente los detenidos tenían derecho o no, conforme a la legislación norteamericana, a someter sus casos a la justicia ordinaria, extremo negado por la administración republicana. Pues bien, Scalia no hizo consideraciones de tipo legal, sino que basó su voto razonado en contra en el argumento de que esa decisión de la Corte Suprema expone al país a nuevos atentados y lo hace vulnerable, lo cual es evidentemente un enfoque político y no jurídico del tema.
Aquí hemos visto que nuestras cortes, especialmente la de Constitucionalidad, emiten fallos políticos que no tienen nada que ver con las consideraciones jurídicas, pero la postura de Scalia en ese proceso recuerda no sólo nuestros tantos vicios en el manejo de la interpretación constitucional, sino el vicio más grave en que incurrió la misma Corte Suprema de Estados Unidos cuando ordenó suspender el recuento de votos hace casi ocho años, en noviembre del año 2000, para darle a Bush la certeza de que sería presidente pese a las obvias anomalías y el burdo fraude en Florida.
La garantía del debido proceso constituye uno de los pilares del sistema judicial de los Estados Unidos y estaba siendo vulnerado por las decisiones políticas (no jurídicas) de la administración Bush sustentadas en argumentos no legales expresados por el anterior ministro de Justicia y consejero legal de la Casa Blanca, Alberto González. Según ese precedente, bastaba que alguien sospechara que una persona tenía vínculos con terroristas para que pudieran enviarla a prisión sin derecho a juicio ni a hábeas corpus, como tradicionalmente ha ordenado el régimen penal en la Unión Americana para cualquier persona, ciudadana o no de ese país.
Vale la pena leer los argumentos de Scalia para ver que son escarnio de la justicia porque ignoran la majestad de la ley y la supeditan a los intereses políticos, extremo inaceptable mundialmente.