En los procesos de postulación no solo participan los aspirantes a magistrados y los comisionados. Diversos analistas hablan acerca de actores que mueven sus piezas para acomodar el sistema de justicia, de tal forma que en adelante los fallos que emitan las cortes de justicia beneficien o afecten a ciertos grupos.

Para eso algunos aspirantes invierten su tiempo en realizar cabildeos, que para los analistas se traduce en un sacrificio de la independencia a cambio de poder e influencia.

Las comisiones de  postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación están listas para empezar a trabajar. Los actores a la vista serán los comisionados, representantes del Organismo Judicial, del Colegio de Abogados y de todas las universidades del país.

Sin embargo, detrás de ellos hay grupos interesados en colocar a sus afines en los cargos públicos, que les corresponderán los favores en privado. Movimiento de expedientes, cabildeo de los aspirantes, señalamientos y cuestionamientos serán parte de este proceso, que según analistas, se degeneró y fue copado por el tráfico de influencias.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro-Justicia, analizó la situación y explicó cuáles pueden ser los intereses de los grupos de poder por cuotas de decisión en las altas autoridades del sector justicia.

De acuerdo con la entrevistada, el inicio de la problemática podría situarse desde el Conflicto Armado Interno, y en la era democrática continúa desarrollándose.

“Ha sido usual que los grupos de poder traten de ejercer una cierta influencia sobre el poder público, sobre el funcionamiento de las instituciones, porque están interesados en que todo el aparato del Estado y sus instituciones funcionen de tal manera que lejos de afectar sus intereses los proteja y los defienda”, señaló.

Ese es, en el fondo, el interés de los grupos de poder de copar espacios en los ámbitos de la vida nacional desde donde se ejerce el poder público, donde no tienen incidencia directa, explicó Ibarra.

“Les interesa el Organismo Ejecutivo, Judicial y otras instituciones autónomas y descentralizadas, como por ejemplo el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, porque quieren que esas instituciones defiendan y protejan sus intereses y no los afecten”, indicó.

La historia del país tiene páginas escritas con la tinta de la influencia en la elección de las personas que ocuparán los cargos con poder. “Con más precisión se puede observar en la época del Conflicto Armado Interno, en el postconflicto y en la era de los gobiernos civiles, dijo Ibarra.

“Los partidos políticos siempre tratan de tener ese control en las instituciones para que no se vuelquen nunca en su contra y que todo su accionar se dé de tal manera que no salgan afectados”, señaló.

Ibarra dijo que en las épocas más recientes con la formación, fortalecimiento de las estructuras de la delincuencia organizada emergen nuevos grupos de poder diferentes a los tradicionales que también buscan lo mismo: impunidad.

“Los grupos de poder buscan que las instituciones estén fuertes para castigar a sus adversarios y que estén débiles para que sigan sometidas a sus intereses. Si bien antes operaban de esta manera los grupos de poder tradicional, ahora ya comparten ese interés con otros grupos de poder emergente como las estructuras de la delincuencia organizada y de la corrupción”, subrayó.

La analista enfatizó que en términos generales la línea histórica revela que lejos de ir atacando a los grupos de poder, la vida institucional del país ha permitido que emerjan nuevos grupos que manejan cuotas de poder, tráfico de influencias e incidencia en el ejercicio de poder público y la acción gubernamental. 

REDES DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Uno de los principales problemas en el método de elección de funcionarios judiciales es el tráfico de influencias, refirió Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

“Ya existía el tráfico de influencias durante la guerra. Jueces que habían sido comprados, que estaban ideológicamente de acuerdo con la dictadura militar, jueces corruptos. En el caso de Guatemala señalaría la reforma constitucional de 1993, cuando se crean las comisiones de postulación como el punto donde se inicia todo un esfuerzo de diferentes sectores donde hay funcionarios, diputados y abogados creando una red de influencia”, explicó.

Cadena consideró que dicha red continúa entretejiéndose.

El presidente de la CIJ habló de la necesidad de una reforma constitucional en el tema de justicia, ya que considera que en los procesos de selección de magistrados a través de las comisiones de postulación contribuyen a que los aspirantes comprometan su independencia.

“Lo que se requiere es la creación del Consejo de la Judicatura. Lo que se pierde con las comisiones de postulación es la independencia y quienes ganan son los que trafican influencias, los que tienen capacidad para invertir dinero y poner a su gente para después lograr que en los casos se falle de una tal o cual forma”, opinó.

Quien pierde con los mecanismos de selección actuales es el pueblo de Guatemala, pues, según explicó Cadena, cada vez más el tráfico de influencias determina qué persona ocupará cada puesto.

De acuerdo con el analista, la creación de un Consejo de la Judicatura, que administraría la carrera judicial, permitiría al sistema de justicia dar un salto cualitativo al darles a los jueces un “autogobierno”, siempre considerando el correr el riesgo de que otros grupos de poder traten de influir en dicho órgano.

“Por lo menos estaríamos dando un paso adelante con los jueces, quienes tendrían la responsabilidad de transparentar los nombramientos y hacerlos de acuerdo a capacidad y no por conveniencia de sectores”, apuntó.

El entrevistado señaló que todos los sistemas son perfectibles, pero que “una carrera judicial bien llevada con un Consejo de la Judicatura, sería un salto hacia adelante”.

El problema en los procedimientos en la selección y nombramiento de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones va más allá de cuestionamientos coyunturales.

Cadena refiere que el tema debió tratarse durante la firma de los Acuerdos de Paz pero no fue solventado.

“Un sistema tan corrupto como el que teníamos en la época de la dictadura militar debió haber sido saneado durante la construcción de la Paz, pero eso no se logró en la mesa. Indudablemente hay una tarea pendiente que es la depuración y ojalá que si se hiciera una reforma constitucional se planteara  la creación del Consejo de la Judicatura, el autogobierno de los jueces y un mecanismo para depurar el Organismo Judicial”, subrayó.

SUERTE O PLANEACIÓN

Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuestiona el modelo de evaluación de cada uno de los expedientes, ya que según el proceso son 440 aspirantes de los cuales habrá que revisar su currículo.

Para el efecto se integran módulos de tres comisionados que tendrán que evaluar 44 expedientes. La crítica del exmagistrado va orientada en que no hay tiempo suficiente para calificar a profundidad la hoja de vida de los aspirantes. Sin embargo, enfatiza que el punteo es para “ordenar la votación”.

En ese sentido señaló que la creación de dichas ternas parcializa el proceso, ya que entre los mismos módulos se forman grupos dominantes.

“Siempre se forman dos grupos dominantes y en tanto sumen las dos terceras partes, los demás son innecesarios”, anotó.

En la manipulación de los procesos de Comisiones de Postulación se pierde la independencia y la integridad de los jueces, afirmó Fernández Molina, ya que al realizar cabildeos luego tienen que “devolver los favores”.

“El derecho mercantil dice que las facturas hay que pagarlas. Los jueces van a deber favores”, señaló.

No obstante, Fernández Molina reconoce que los aspirantes independientes pueden sortear los obstáculos para optar a una magistratura: “Siempre se dejan pasar a algunos que no necesariamente están en grupos. No digo que los grupos sean intrínsecamente nocivos y malos. Son grupos de interés gremial y político pero no necesariamente son gente mala”, dijo.

Un país que no tiene garantizada la independencia de sus jueces y magistrados es débil, refiere el exmagistrado.

“La estructura ósea de ese cuerpo social va a estar carcomida por la osteoporosis”, dijo metafóricamente, y añadió que si no se tienen jueces independientes e íntegros las estructuras de la justicia serán tan débiles o porosas que ante cualquier embate se van a quebrar.

CARRERA POLÍTICA

El analista y experto en reforma judicial, Marco Antonio Canteo, consideró que la ausencia de una carrera judicial lleva a los magistrados que buscan la reelección a realizar cabildeos para lograr un puesto en las Cortes.

“La ausencia de una carrera judicial hace que estos procesos de Comisiones de Postulación se conviertan en verdaderas carreras políticas. Esa es una consecuencia de la debilidad del modelo constitucional”, opinó.

De acuerdo con su análisis si Guatemala no cambia su actual modelo de elección de funcionarios judiciales en los próximos cuatro años estará levantando olas una discusión exactamente igual a la que se vive ahora respecto a las Comisiones de Postulación. “Estaremos hablando lo mismo pero cada vez con mayor descaro”, enfatizó.

“Si bien es cierto desaprobamos ese tipo de prácticas por obtener una magistratura, también tenemos funcionando un sistema que ya no puede seguir dependiente de un método semi corporativo como son las comisiones de postulación”, subrayó.

El entrevistado acotó que Guatemala necesita un cambio de modelo urgentemente, así como una revisión profunda al proceso de nombramiento de magistrados de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, ya que el mismo se ha ido degenerando y debilitando la institucionalidad del sector justicia.

SE DEBE INVESTIGAR

En los procesos de postulación no participan solo los aspirantes y los comisionados. Diferentes actores mueven piezas en la tabla para acomodar el sistema de tal forma que los fallos beneficien o afecten a ciertos grupos.

“Se escuchan voces señalando a partidos políticos, a gremios de abogados, a algunos operadores de x o y sector, y algunos de estos actores señalados niegan los cabildeos, pero yo sí creo que es necesario que algún ente se pueda encargar de una revisión profunda de cómo operan estos grupos para dejar de especular”, refirió Canteo.

Según el analista el Ministerio Público debe iniciar una investigación sobre los señalamientos de financiamiento ilícito así como de tráfico de influencias sobre las Postuladoras.

“Serían casos muy interesantes que no solo señalarían quienes son los que influyen en las Comisiones y también pueden ser informes que apoyen el cambio y el fortalecimiento de la institución”, concluyó.