Se inicia otro proceso de elección en el sector justicia de Guatemala; ahora le toca el turno a la Corte de Constitucionalidad, institución que pronto tendrá que cambiar de magistrados por imperio de la ley; luego entonces, también se inicia el proceso, la carrera, los actos de agrupaciones profesionales de abogados para impulsar las candidaturas ante el gremio de abogados de los posibles candidatos a tan honroso cargo.
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Cabe preguntarse: ¿también en este proceso eleccionario, los candidatos serán auscultados en su vida privada y profesional de manera estricta e «infalible» por la lupa de la CICIG? ¿También los grupúsculos representantes de los estratos económicos de la oligarquía guatemalteca que integran la denominada «sociedad civil» emitirán sus «inequívocos» señalamientos negativos y ponzoñosos en contra de los candidatos, sin darles la oportunidad de explicar o esclarecer los mismos?
CICIG ha hecho muy buena labor durante su estadía en Guatemala, es una especie de «garantía» en contra de los desmanes, abusos, prepotencia, impunidad de funcionarios de gobierno que sirven de cuijes de los poderes paralelos; sin embargo, también se debe reconocer que ha tenido sus sombras, las cuales no logran empañar su labor en Guatemala.
CICIG está investigando la conducta de un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad relacionado con la anterior elección de Fiscal y el caso Rosenberg; ¿cuándo habrá resultados para darlos a conocer a la ciudadanía? De esa forma también, ¿se investigará el pasado de los candidatos a Magistrado para la CC representante del Colegio de Abogados?
¿Las asociaciones, grupos o sectores de abogados que apoyen las candidaturas de alguno de sus miembros, también serán señalados de corruptos porque algunos de sus integrantes son señalados como ídem?
Valdría la pena conocer las investigaciones previas que se realicen a dichos grupos y sus candidatos, para que con tiempo suficiente tengan la oportunidad de desvirtuar los señalamientos que se les pueda hacer.
¿Y a los candidatos representantes del Gobierno, de la Universidad de San Carlos y las otras instancias que participan en dicho proceso, ¿también los investigarán? Sano será que lo hagan, para que el pueblo de Guatemala conozca la «hoja de vida» de los futuros impartidores de «justicia», así no habrá sorpresas como la que tuvimos con el ex Fiscal General licenciado Conrado Reyes, misma que dividió las opiniones -hasta el momento- en su defensa y en su contra.
Pero… ¿Cómo probar la «honorabilidad» de los candidatos? Si quienes los señalan tienen una cola más grande que la del dinosaurio de Tito Monterroso?; lanzan la piedra y se esconden después, acusan sin pruebas, denuncian para enlodar el prestigio de los candidatos y quedar -según ellos, los grupos de la sociedad civil- como los traiditos de la película.