Uno de los sueños de todo abogado, estudiante de derecho o administrador de justicia, no sólo de Guatemala, sino del mundo; y no sólo de estos tiempos, sino desde siempre, es que derivado del estudio, análisis, comprensión y aplicación de las normas jurídicas, se convierta en un jurista, quien es el conocido experto y especialista en la ciencia del derecho. Es aquel conocedor referente de la sociedad por su carisma, su dote de experiencia y por ser símbolo ante las autoridades y población, en materia legal.
En Guatemala, el estudio del derecho se limita a pocos, aquellos que realmente establecen una diferencia por su análisis de teorías jurídicas, importadas de otros países o aplicadas internamente, pero que van más allá de simplemente aplicar normas de derecho o interpretarlas (función tradicional del abogado y del juez). La Constitución Política entonces, privilegió la creación de un tribunal especializado al más alto nivel, al cual se le encomendaría la defensa del orden constitucional, y el cual tuviera la representación académica, profesional y política del país. Este tribunal, denominado Corte de Constitucionalidad, recoge el pensamiento de verdaderos juristas, y la actuación de sublimes héroes judiciales, si la poesía permite el ingreso hacia el lenguaje legal.
Durante los años de vigencia de la actual Constitución, la Corte integrada más reconocida y recordada, es la que defendió fuertemente la institucionalidad y democracia durante el golpe de Estado que diera el expresidente Jorge Serrano, logrando que, conjuntamente con los esfuerzos y presiones de la comunidad internacional y la sociedad civil organizada, forzaran a las fuerzas armadas del país a quitarle el poder al dictador, y entregarlo inicialmente a la Corte de Constitucionalidad, quien posteriormente restauró las funciones de los Organismos Legislativo y Judicial. De esa Corte, sus integrantes son reconocidos como grandes juristas, estudiosos del derecho y especialistas; seleccionados como Magistrados, precisamente por esas calidades, no sólo académicas y profesionales, sino también por las éticas, morales y desde luego, políticas.
Así entonces, la Corte de Constitucionalidad ha ido perdiendo poco a poco sus grandes virtudes, especialmente en cuanto a la designación de los nombramientos de sus integrantes, quienes más parecen sobresalir por sus influencias y conexiones políticas, en lugar de sus habilidades, conocimientos y experiencias como profesionales del derecho. Desde hace algún tiempo entonces, en el foro de abogados y en otros sectores sociales, económicos y políticos se comenta que la calidad de los fallos constitucionales cada vez son más cuestionados, no sólo porque la interpretación legal que se hace sirve para complacer a grupos de poder, sino porque la forma en que se hace es bastante burda.
Sin entrar a detalles o casos particulares, lo lamentable de los fallos que pesan más en lo político que en lo jurídico, es que deshacen todas las labores jurisprudenciales de naturaleza meramente legal, y se apartan de criterios constitucionales aplicados a situaciones no políticas. El alto tribunal constitucional falla de una forma cuando es materia jurídica, y de otra, cuando existen intereses políticos o económicos. Eso no sólo es peligroso, sino ilegal.
Y muy a pesar de lo que se piense o sepa en el país, nadie, abogado, juez o magistrado está por encima de la ley, y puede ser sujeto a proceso, espacialmente si violan leyes o la propia Constitución.
En las actuales circunstancias, ¿Cómo quisieran los actuales Magistrados de la CC ser recordados? Como simples Magistrados, o verdaderos juristas defensores de la Constitución, el Estado de Derecho y la Institucionalidad del país.