En la política guatemalteca no es necesaria la calidad académica y mucho menos la experiencia real de la materia para participar en la selección de las personas que en un futuro cercano serán nombradas con la responsabilidad de sentar jurisprudencia en materia electoral en el supuesto Tribunal Supremo Electoral.
Creo que sólo dos o tres de los participantes en esa justa, poseen experiencia electoral por ser trabajadores de dicha institución, los demás… sin menoscabo de su formación jurídica y su experiencia en campos como derecho penal, civil, laboral, administrativo o litigio por más de diez años, no son poseedores de la experiencia en materia electoral que se debería tener para aspirar a los cargos de magistrados.
Entonces… ¿En manos de quiénes estará otra vez, el Tribunal Supremo Electoral? ¿Llegarán otra vez políticos afectos al régimen de turno y personajes de supuesto linaje que “heredaron el derecho” a gobernar? ¿Con qué calidad dictarán resoluciones de materia electoral si no ha sido ni es el campo de su accionar jurídico? ¿Se podrá actuar con supletoriedad tal cual reza la Ley del Organismo Judicial?
Esos aspectos técnicos -jurídicos que no llenan la mayoría de participantes, es lo que hace imperar la duda y zozobra sobre el futuro electoral del país; sin embargo… eso ya no importa, la convocatoria publicada, la Comisión Postuladora integrada, la depuración en marcha y quienes resulten elegidos, pues buena suerte, aunque de materia electoral sepan tanto como de astronomía.
Y abordando otro tema de actualidad, en Guatemala los antagonismos políticos llevan a situaciones inusitadas como la división entre familiares, por eso en este país no extraña que los grupos emergentes de poder (los nuevos ricos) desde hace unos cuarenta años aparecieron como parte de las ganancias de la guerra y de la dictadura militar, -propietarios de canales de televisión, periódicos impresos, revistas y radiodifusoras- quieran retenerlo a costa de la descalificación personal y en casos extremos hasta la muerte de quienes consideran un obstáculo para sus fines.
La tesis doctoral de Manuel Baldizón aborda un tema jurídico económico que es de difícil comprensión para quienes son legos en dicha materia (“La aprobación legislativa de los Tratados de Libre Comercio y la consulta popular: el caso del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América”), sin embargo, en el acopio de información para presentar ideas, razones y argumentos que conllevan una propuesta desconocida para la aplicación de métodos y procedimientos más expeditos de los que se conocen, es necesario recurrir a la jurisprudencia, doctrina, ensayos, libros específicos y un sinfín de información para completar la nueva idea, teoría o doctrina y su fórmula de aplicación en el campo de las políticas de desarrollo nacional.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, indica que la palabra PLAGIO en sentido literario es: “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. En el caso de la tesis referida, a quien se le atribuye el “plagio” de algunos capítulos de su obra, se puede decir que NO EXISTE TAL PLAGIO, pues de acuerdo a la transcripción del DRAE, los párrafos señalados no constituyen el aspecto sustancial de la tesis indicada; además que, son párrafos y no capítulos como señalan sus detractores.
No he leído que alguien aborde el contenido ni el aporte de la tesis en mención; las técnicas sugeridas, métodos e ideas al respecto; en otras palabras, desconocen LA GANANCIA SOCIAL DEL TRABAJO PRESENTADO. Lo nefasto en este caso de antagonismos políticos, es el desprestigio que a priori se hace de las personas. OJ ALÁ que prevalezca la verdad.