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Barrientos detalló las anomalí­as en las que, a su parecer, ha incurrido ílvarez, las cuales van desde su cuestionada participación como presidente de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General del Ministerio Público, hasta dudosas decisiones administrativas tomadas por el presidente del OJ.

El magistrado también solicitó al Pleno de Magistrados de la CSJ que conocieran esa petición en una reunión extraordinaria. Además, consideró que los cuestionamientos y reclamos que la sociedad civil he hecho contra ílvarez son válidos.

ílvarez, quien asumió la presidencia de la CSJ el 13 de octubre del 2009, ha sido constantemente señalado por varios hechos anómalos durante su gestión, incluyendo los señalamientos del ex titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana.

DEMANDA

«Expongo mi oposición e inconformidad por la actuación ética e indiferencia administrativa manifestada por usted para dirigir el Poder Judicial de Guatemala», fueron las primeras palabras pronunciadas por el magistrado Barrientos.

El magistrado expuso una serie de hechos que lo llevaron a solicitar a ílvarez su dimisión como Presidente de ese organismo; entre ellas, su participación en la recién pasada Comisión de Postulación de Fiscal General, la cual calificó de «cuestionada» y que además «puso en riesgo las posibilidades del Estado de Guatemala de ejercer en forma objetiva la acción penal y las posibilidades de enfrentar la impunidad», citó.

SIN PLANES

El magistrado también señaló la falta de adopción de acciones y medidas de protección de jueces y magistrados y la carencia de un plan de seguridad coordinado y propuesto desde la posición de presidente que ílvarez ejerce.

«Existe ausencia de planificación y de una adecuada dirección administrativa que provoca el mantenimiento y hasta fortalecimiento de estructuras cuestionadas por su negligencia, apatí­a y falta de compromiso con el servicio de justicia», enfatizó Barrientos en su solicitud.

CONTRATACIONES

Además, se refirió a una serie de «contrataciones discrecionales» de asesores y personal discutido a través del renglón 029 y la «conducción autoritaria de la administración judicial», sumadas a una serie de decisiones y actitudes cuestionables éticamente.

Según Barrientos, ílvarez no ha informado al Pleno de la CSJ sobre determinaciones «de importancia para la buena marcha del poder judicial»; además, ha excluido a los magistrados de decisiones en procesos de importancia nacional , detalló.

«Solicito la reflexión ética de su comportamiento y, en consecuencia, la renuncia de cargo de presidente del OJ y de la CSJ», manifestó finalmente Barrientos, quien al ser cuestionado sobre la posibilidad de crear división en ese organismo respondió: «No podemos aprobar éticamente con lo que no estamos de acuerdo, porque eso indicarí­a tolerancia, aceptación o indiferencia. Debemos temer a la división por cuotas de poder y no a la división por diferentes concepciones sobre lo que interesa a la justicia en el paí­s».

REACCIONES

El vicepresidente Rafael Espada, al conocer sobre esta petición, opinó que el tener a un presidente cuestionado de un Organismo de Estado, afecta, no sólo a la institución, sino a toda Guatemala; sin embargo, dijo que esto deberí­a ser resuelto a lo interno del OJ, y que si hay denuncias deben hacerlas donde correspondan.

Por su parte, Roberto Alejos, presidente del Congreso, fue conciso: «nosotros siempre seguimos como lo manda la Constitución, respetar la independencia de poderes; si es una Cámara dirigiéndose al Presidente de la Corte es un problema interno», y reiteró que la Constitución Polí­tica les impide opinar sobre esa clase de problemas.

COMISIONES DE POSTULACIí“N

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala y presidenta de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, opinó que, dadas las circunstancias fue oportuno que la Cámara Penal haya solicitado la renuncia a í‰rick ílvarez como presidente del Organismo Judicial.

Montenegro explicó que se lamenta que el magistrado ílvarez, ocupando el alto cargo en la CSJ, sea cuestionado por los supuestos ví­nculos de su secretaria personal con el crimen organizado, «aunque sea vinculada indirectamente, es delicado», destacó la parlamentaria.

Uno de los remedios es que renuncie la secretaria del presidente de la CSJ o que él -Erick ílvarez- renuncie como lo han solicitado.

Montenegro fue la ponente de la Ley de Comisiones de Postulación, la cual intentó limitar la falta de transparencia en los procesos de postulación. Sin embargo, se ha encontrado la forma para que estos procesos hayan sido declarados anómalos, como el que presidió ílvarez para postular al Fiscal General.

QUERELLA

Eduardo de León Barrios, representante de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, aseguró que «es un buen momento que institucionalmente se considere la necesidad de depurar la Corte Suprema de Justicia, en función de la transparencia y la honorabilidad y de limpiar un sistema que pueda facilitar la justicia en el paí­s».

«Si í‰rick ílvarez renuncia, hay que presionar para que se investiguen los casos que se le están imputando, ya que tras la solicitud de renuncia de la Cámara Penal, ílvarez tiene que ceder porque se está planteando por la falta de credibilidad que esta creciendo y se debe dar seguimiento a todos los actos por los que se le interpuso la querella», opinó.

La Fundación Menchú interpuso una querella penal contra ílvarez, por considerar que estuvo implicado en una negociación anómala de compra y venta de terrenos a favor de la empresa Peridot, S.A.

El movimiento Pro Justicia también apoyo la medida para que í‰rick ílvarez abandone el cargo de presidente de la CSJ, porque según argumentaron hay varios señalamientos de peso manchan su gestión.

APOYO

Carmen Aí­da Ibarra, directora de Pro Justicia, dijo que están de acuerdo con la medida solicitada contra ílvarez, porque es necesaria su renuncia para evitar una nueva crisis institucional, y pide que se realicen las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades.

La Convergencia por los Derechos Humanos también mostró su total respaldo al magistrado Barrientos, y advierten que, de continuar esta situación, la CSJ pierde legitimidad ante la población y hay mayor inseguridad en los procesos de elección, tal como sucedió con el Fiscal General.

«Los señalamientos que hay en contra del presidente de la CSJ son suficientes como para dar paso a una nueva dirección», opinó Marco Antonio Canteo, de la Convergencia por los Derechos Humanos, quien también recomendó que lo mejor es que se separe del cargo a ílvarez para dar ví­a libre al trabajo y promover la institucionalidad.

Canteo afirmó que la renuncia es un tema ético, pero sin la dimisión la CSJ podrí­a perder legitimidad; por lo tanto, señala que hay que ver este momento como una oportunidad de cambio y, por el bien de la institución, es necesario tomar la postura del Magistrado que solicitó la renuncia.

Por su parte, Ana Marí­a de Klein, del grupo Madres Angustiadas, comentó que esta denuncia pública la impactó, porque es la primera vez que ha visto que un Magistrado pida la renuncia del presidente de la CSJ.

«Creemos que es necesario que el licenciado ílvarez se retire como presidente de la CSJ, y deje el espacio para que alguien más asuma el cargo», destacó De Klein, porque, según dijo, no se le puede seguir señalando y que no se haga algo al respecto.

Además, la representante de Madres Angustiadas enfatizó que, de continuar ílvarez en el cargo, afectarí­a otras instituciones del sector justicia, como el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal, porque forma parte de las Comisiones de Postulación que eligen a sus directores y pone en riesgo la credibilidad del proceso.

* Con colaboración de Eddy Coronado, Flor de Marí­a Ortiz, Gabriel Herrera y Andrea Orozco.