Nuevamente, la magistrada de la vocalía II de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Brenda Quiñónez, denunció la limitación de sus funciones constitucionales al decir que el Organismo Judicial (OJ) manipula las actas que se transcriben en cada reunión del pleno, adhiriendo o restando información no tratada por los togados.

A la vez que refirió que es la única magistrada que cuenta con restricciones de acceso a la información, lo que explicó que se debe a que “es -considerada- una molestia”, por lo que dichas acciones estarían encaminadas a lograr su destitución.

De acuerdo con la entrevistada, en las reuniones del pleno de magistrados de la CSJ no todo queda certificado en las actas transcritas, pues dice que en varias ocasiones sus solicitudes por que se cumpla la ley son ignoradas, por lo tanto, la mayoría de sus aportaciones en las reuniones son obviadas.

Cada Magistrado puede revisar el Libro de Actas de cada reunión que se celebra, pero Quiñonez asegura que se le ha restringido la posibilidad de hacer algún cambio acerca de sus aportaciones en cada junta, esto al imponerle un tiempo limitado para realizar su revisión, dejándola sin la posibilidad de editar el acta.

Según la magistrada, la intención principal de estas acciones es lograr la amonestación y destitución de la funcionaria, por ser considerada una molestia para el pleno, ya que en reiteradas ocasiones ha expresado la importancia de manejar el contenido de las reuniones como información pública, lo que los demás togados no han aprobado.

Igualmente, al final de las actas también se han adherido informaciones que no fueron conocidas por el pleno, como el movimiento de jueces a otras instancias.

Por otro lado, “en varias oportunidades se ha dejado de entregar los antecedentes, la ponencia, tanto de amparos como de antejuicios exigiéndome participar en la resolución de los casos en la sesión de la CSJ, advirtiéndome que si no estoy de acuerdo que entonces razone mi voto después, lo que contraviene la Constitución y la Ley”, explicó diciendo que esto no es posible pues quienes participan de los casos deben de tener conocimiento previo de los mismos y de la ponencia de la Cámara de Amparos.

DENUNCIA

Además de esta situación, la funcionaria de la vocalía II dijo que la mayoría de los togados antepusieron una denuncia en su contra por haber participado de una entrevistada realizada por un noticiero radial en donde planteo claramente la problemática dentro de este organismo, señalando que debe de ser “discreta”. La magistrada no dudó en decir que seguramente recibiría una nueva denuncia por haber participado de esta entrevista.

ANOMALIAS

De la misma forma, Quiñonez refirió que desde el primer día en el cargo en el cual fue asignada luego de la muerte del magistrado Barrios Pellecer, ha sido anómala pues ella cubriría la Cámara Penal, pero fue asignada a la Cámara Civil, en donde le fueron restados algunos elementos del personal bajo la excusa de que la CSJ no cuenta con el suficiente presupuesto para contratar a más personas, pero según dijo la entrevistada, esta afirmación no es verdadera pues ella conoce que el Organismo de Justicia cuenta con los fondos suficientes para contratar el personal que necesita.

No se obtuvo una respuesta de la CSJ ante las declaraciones de Quiñonez.