El asunto de la corruptela en la Dirección General de Migración no es novedoso, eso se sospecha y especula hace mucho tiempo y durante diferentes administraciones. Al dirigente sindical Juan Fidel Pacheco, le arrebataron la vida por denunciar esos actos de corrupción y a redes mafiosas que operan desde adentro, y que a cambio de jugosas mordidas, facilitan la trata y tráfico ilegal de personas, la extensión de visas irregulares y la residencia en el país a originarios de Asia, América del Sur, Cuba y Centro América. A Pacheco lo conocí hace varios años, por eso me consta su permanente preocupación por atacar a las mafias que allí operan y que tienen el beneplácito de altas autoridades de esa Dirección y del Ministerio de Gobernación. Días antes de su brutal ejecución, Pacheco reunió amplia documentación que respalda su denuncia y que en actitud responsable decidió, entregar a diferentes instancias y autoridades, confiando en que fuera investigada y se pudiera desarticular a las mafias en Migración. Sin embargo, su confianza en las autoridades y en el sistema no le correspondió; la negligencia de algunos funcionarios lo dejó a merced de sus asesinos quienes por fin le dieron muerte para acallar su voz y su valiente denuncia, en la que señala nombres y apellidos de personas comprometidas en esos ilícitos y lucrativos negocios.
Supe que Pacheco presentó denuncias documentadas concretas, al vicepresidente Rafael Espada, en tanto encargado del tema de la transparencia, a Gustavo Alejos, Secretario del Presidente Colom, al Embajador estadounidense MacFarland, al Ministerio Público, a la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, a la CICIG, a organismos de Derechos Humanos y a algunos diputados del Congreso Nacional; ésta decidida actuación le valió amenazas de muerte, que también hizo del conocimiento del PDH quien a su vez, solicitó al Ministerio de Gobernación, medidas cautelares de protección que nunca recibió. Esto último, es un hecho grave que responsabiliza a las autoridades de ese Ministerio por omisión y negligencia, pues al no atender la solicitud de la PDH, se vulneró la seguridad e integridad personal del amenazado y dejó abierta la posibilidad de que las amenazas se cumplieran, como en efecto ocurrió. En este caso, el Estado de Guatemala y el Ministro Carlos Menocal, incurren en violación a Derechos Humanos por omisión. Por esa razón, la denuncia del caso podría llegar a instancias internacionales.
Las denuncias de Pacheco descubren el entramado de las redes criminales que operan en Migración, por tanto, investigar a las personas y los hechos denunciados es una obligación del MP y las autoridades nacionales, pero también debe asumirla la CICIG, en tanto se trata de grupos paralelos que estimulan la corrupción y la impunidad. Una de las personas cuestionadas por Pacheco es el propio interventor de Migración Enrique Degenhart, a quien señala de tener causas penales abiertas por diferentes delitos, pese a lo cual, fue nombrado sin tener la probidad e idoneidad necesaria. ¿Qué teme el interventor Degenhart que se moviliza en carro blindado, protegido por 10 guardaespaldas? Según Pacheco, este señor recibe generosas cantidades de dinero para dejar operar a las redes mafiosas, al tiempo que autoriza ejecutar irregularidades. La muerte de Pacheco y su denuncia deben ser investigadas y llevar ante la justicia a sus ejecutores.
P.S. Saludo la llegada del Fiscal Francisco Dall»Anese al frente de CICIG. Espero siga rompiendo las redes clandestinas.