---

«Le he dicho al canciller Elías Jaua que proceda de inmediato a expulsarlos del país», dijo el mandatario. «Tienen 48 horas para irse de este país los funcionarios Kelly Keiderling, Elizabeth Hoffman y David Moo».

El mandatario denunció que los tres diplomáticos estadounidenses se habrían reunido con algunos políticos opositores al gobierno chavista, que no fueron identificados.

El Departamento de Estado rechazó las acusaciones de manera categórica. Un vocero del Departamento de Estado, que pidió no ser identificado por no tener autorización para hablar del tema públicamente, dijo que «rechazamos completamente las acusaciones del gobierno venezolano de que el gobierno estadounidense esté en algún tipo de conspiración para desestabilizar al gobierno venezolano».

Maduro no informó cuáles son los cargos que ocupan los funcionarios estadounidenses en la misión diplomática.

«Nosotros hemos detectado y le hemos hecho seguimiento durante varios meses a un grupo de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas, en Venezuela», dijo. «Estos funcionarios se dedican a reunirse con la extrema derecha venezolana, a financiarlos y alentarlos (a) acciones para sabotear el sistema eléctrico, y así arruinar la economía venezolana».

Keiderling actualmente se desempeña como encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, según señala la página web de la misión diplomática. La televisora estatal indicó que Moo es vicecónsul en Venezuela.

Las declaraciones de Maduro surgieron en un acto con militares en el estado occidental de Falcón.

Dijo también que la expulsión ocurre después de que las autoridades detectaron que esos funcionarios presuntamente se habrían reunido con dirigentes opositores y sindicales para realizar supuestas actividades de conspiración en el estado suroriental de Bolívar, donde operan una serie de empresas estatales procesadoras de varios minerales y está el mayor complejo hidroeléctrico del país.

«Fuera de Venezuela. ‘Yanquis go home»’, gritó el gobernante. «No me importa las acciones que tome el gobierno de Barack Obama. No vamos a permitir que venga un gobierno imperial a traer dinero y a ver cómo paran las empresas básicas, a ver cómo le quitan la electricidad para apagar toda Venezuela».

Maduro pidió apoyo al país para «este combate contra el intervencionismo», y solicitó a los órganos de justicia que actúen frente a los supuestos cómplices locales de los funcionarios estadounidenses.

Por la noche, el canciller Elías Jaua anunció que el gobierno venezolano envió a la embajada de Estados Unidos en Caracas una «nota oficial» sobre la expulsión de los tres funcionarios, y le ofreció al secretario de Departamento de Estado, John Kerry, las pruebas de las supuestas acciones conspirativas que estarían promoviendo los funcionarios para «una gran operación psicológica» en Venezuela.

«El informe está a la orden del secretario Kerry. Si él quiere saber qué hacen sus funcionarios aquí, si es que no lo sabe. Aquí está toda la información con fotos, con los testimonios, con los carros, con las reuniones», indicó Jaua a la televisora estatal, al asegurar que «esto forma parte de un solo plan que es la desestabilización de la revolución bolivariana, de la democracia venezolana».

El canciller sostuvo que los funcionarios expulsados realizaron visitas a los estados surorientales de Bolívar y Amazonas donde se reunieron con dirigentes opositores y sindicales, representantes de la ONG defensora de derechos civiles Súmate, y el gobernador opositor del estado Amazonas, Liborio Guarulla.

Agregó que en el encuentro con los representantes de Súmate «pudieron verificar cómo se trabajó la idea nuevamente de un desconocimiento de las elecciones» de cara a los comicios de alcaldes y concejales previstos para el 8 de diciembre.

Poco después de las declaraciones de Jaua la televisora estatal difundió un informe especial de unos cinco minutos con varias fotografías de cuando los diplomáticos señalados ingresaron y salieron de la oficina de Súmate en Bolívar, la reseña de un diario regional sobre un encuentro que tuvieron los funcionarios con un alcalde opositor de Bolívar, y unas imágenes fotográficas del momento en que salieron del aeropuerto de esa entidad, el pasado 27 de septiembre.

Aunque dijo que no había recibido información sobre las expulsiones, el presidente de la comisión de relaciones exteriores del Senado estadounidense —el demócrata Bob Menéndez— dijo a The Associated Press, «dudo mucho que una reunión con activistas de derechos humanos o democracia, quiera incitar a cualquier cosa que no es la democracia».

Otro integrante de la comisión, el republicano Marco Rubio, dijo no estar al tanto sobre las expulsiones pero aseguró, «no me sorprenden».

«El caos que viene encima de Venezuela en este momento va a ser triste para el pueblo venezolano. El presidente no tiene la capacidad para gobernar», agregó a AP.

El principal republicano en la comisión Bob Corker, indicó a la AP que las expulsiones «demuestran las continuas diferencias que tenemos sobre gobiernos y procesos transparentes».

En marzo pasado, Maduro ordenó el retiro de dos agregados militares estadounidenses, acusados de tratar de contactar a militares activos venezolanos para, presuntamente, adelantar planes de desestabilización del gobierno del país.

En respuesta a esa medida, Washington expulsó a dos funcionarios diplomáticos venezolanos, lo que complicó las gestiones para mejorar las relaciones con ese país que se habían iniciado meses antes de la muerte de Hugo Chávez sucedida el pasado 5 de marzo.

En sus casi seis meses de gobierno, Maduro ha denunciado cinco planes de magnicidio y más de una decenas de actos de sabotaje y complot, que la oposición ha desestimado asegurando que forma parte de una estrategia del oficialismo para distraer la atención de los venezolanos respecto de los graves problemas que padece el país por la galopante inflación, la creciente criminalidad y el desabasto de algunos alimentos y bienes básicos.

El gobernante anunció la semana pasada que suspendió su viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York tras obtener información de que grupos opositores estaban preparando acciones contra él en esa ciudad.