Hace exactamente ocho meses que la mexicana Elvira Arellano desafía en una iglesia de Chicago una orden de deportación de las autoridades de Estados Unidos.
Desde el 15 de agosto de 2006, Arellano permanece recluida en el predio de ocho por 30 metros donde se erige la Iglesia Metodista Unida Adalberto, en reclamo de permanecer en el país junto a su hijo Saulito de 8 años, nacido en Estados Unidos.
Arellano está cansada y hambrienta en su primera semana de una huelga de hambre de 25 días que busca concitar apoyo para una marcha por la reforma migratoria el 1 de mayo.
Pero dice que no se dará por vencida. Tampoco hará lo que muchos otros hicieron en su lugar: marcharse a otra ciudad y confiar en que no la atrapen.
«No soy una delincuente. No soy una terrorista. Sólo soy una madre soltera que ayuda a su hijo y a su madre y su padre en México», dijo a través de un intérprete.
Al menos 3,1 millones de niños como Saulito son ciudadanos estadounidenses pero podrían perder a uno o dos padres indocumentados en cualquier momento en una redada de las autoridades migratorias, según un informe de 2006 emitido por el Centro Hispánico Pew.
Y cada vez más el clero acude en su ayuda.
Se espera que iglesias en más de una docena de ciudades en todo el país den a conocer sus refugios a inmigrantes ilegales a fin de mes. Cada una auxilia a al menos a una familia con hijos nacidos en suelo estadounidense y que corre el riesgo de ser deportada.
«Estamos por la unidad familiar», dijo el reverendo Walter Coleman, quien se unió a Arellano en su huelga de hambre. «El concepto de refugio es que la iglesia ofrece espacio sagrado para que la verdadera historia salga a luz», agrega.
Coleman dijo que es inmoral que el gobierno trate a los inmigrantes ilegales como delincuentes cuando el sistema económico del país depende de ellos y las políticas comerciales estimulan inestabilidad en los países de los cuales provienen muchos de ellos.
«Esta nación debe hacerse responsable por las familias formadas aquí», dijo.
Como muchos inmigrantes ilegales, Arellano llevaba una vida tranquila mientras trabajaba con documentos falsos como limpiadora en el aeropuerto O’Hare de Chicago.
Pero tras ser arrestada en una barrida después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y recibir una orden de deportación, Arellano se politizó.
Organizó La Familia Latina Unida para presionar por una reforma migratoria que impida que los padres sean separados de sus hijos nacidos en Estados Unidos y ayudó a organizar multitudinarias manifestaciones en 2006.
Quienes la apoyan aseguran que el Departamento de Seguridad Interior se negó a extender su plazo de deportación el verano boreal pasado, aunque varios proyectos de ley en el Congreso la apoyan, en venganza por su liderazgo.
El 16 de agosto de 2006, Arellano anunció en rueda de prensa que desafiaría su orden de deportación como un acto de desobediencia civil contra una decisión «selectiva, vengativa, en represalia e inhumana».
Su historia logró atención nacional en medio del intenso debate migratorio y de masivas manifestaciones en todo el país antes de las elecciones estadounidenses de medio mandato en noviembre.
Las primeras semanas fueron tensas en espera de los funcionarios de migración, quienes dijeron que la arrestarían en cualquier momento. Pero ahora sigue una rutina: prepara a Saulito para la escuela y luego revisa su cuenta en MySpace y contesta el teléfono para una firma de abogados que atiende inmigrantes.
Por la noche, madre e hijo comparten su habitación con otra mujer que también se refugia en la iglesia.
«A través de mi ayuno, de mi fe y de mi lucha aquí en la iglesia espero que haya algún tipo de legalización para que el presidente Bush pare con las barridas y todos podamos vivir legalmente», dice Arellano, que no sabe cuánto tiempo seguirá recluida en la iglesia.