En los próximos días arribará al país otro funcionario del gobierno de Estados Unidos. Se trata de William Brownfield, subsecretario de Estado para el Control del Narcotráfico Internacional, quien traería la propuesta de nuevas estratégicas para combatir el crimen organizado derivado del tráfico de drogas.

La propuesta, denominada Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Carsi, por sus siglas en inglés), por un monto de US $300 millones, contiene la implementación de un programa contra pandillas, comisarías modelo y desarrollo comunitario, para contribuir a la reducción de la violencia que deriva la actividad de los estupefacientes.

Los recursos serían destinados, de forma prioritaria, para el Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador.

Uno de los objetivos de la iniciativa tendría como proyecto replicar en los países de la región que lo ameriten, la forma de combate a las maras que se hace en El Salvador que, según se informó, se califica como exitosa.

Otra de las intenciones sería que la Carsi fuera similar al Plan Colombia, que es el equivalente del Plan Mérida en México; estos últimos que varios analistas previeron, cuando fueron implementados forzarían a los cárteles de esos países a trasladar sus operaciones a Centroamérica. 

CARSI SERÍA UNA REACCIÓN

Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, consideró que los planes que se vayan a desarrollar deben ser adecuados a las condiciones de cada país, y que la propuesta se deriva de que en EE.UU. “hasta ahora entendieron que no haberle puesto atención de una manera integral a toda la región, les está provocando problemas, por lo que definitivamente es una reacción”.

Estados Unidos declaró la guerra al narcotráfico, lo que se emuló en la región con los planes de combate en México y Colombia.

Mack agregó: “yo siempre he pensado que Guatemala no está en condiciones de declararle la guerra al narcotráfico por la debilidad institucional, especialmente de la Policía, pero también del Ejército”.

Esto, según la experta, porque no se invirtieron recursos suficientes para que esas entidades se encuentren a la altura del combate.

La idea de fortalecer a la Policía, según la iniciativa, es porque gran parte de la delincuencia y crimen que se registra actualmente “no necesariamente es crimen organizado ni necesariamente tiene una solución militar”, agregó la activista. Por esa razón, “se tiene que continuar con la reforma policial”, destacó Mack.

En conclusión, la experta agregó que no se podría emular en Guatemala la forma en que se combate a las maras, ahora vinculadas con el narcotráfico, de la misma forma que en Salvador y Honduras, con leyes antimaras, que consideró un “fracaso”. Sobre todo, porque cada sociedad presenta sus propias características.