«El Congreso de la República no tiene la potestad de conceder en propiedad canales de televisión», asegura el presidente ílvaro Colom.

Durante la sesión semanal de Gabinete de Gobierno, el presidente ílvaro Colom anunció que vetará la Ley de Frecuencia Televisiva, canales 9 y 4 de Televisión Legislativa y canales 5 y 12 de Televisión Maya.

Colom indicó que existen ocho razones jurí­dicas que respaldan la decisión del veto, y señaló que «el Congreso de la República no tiene la potestad de conceder en propiedad canales de televisión».

El Ejecutivo ya cuenta con la redacción del Acuerdo Gubernativo 308-2008, que será publicado para dar a conocer de forma oficial el rechazo a la normativa.

De acuerdo con el artí­culo 178 de la Constitución de la República, el Presidente está facultado para devolver la ley al Congreso junto con las observaciones que estime pertinentes, según lo estipulado en la regulación del veto presidencial.

POLí‰MICA

Desde su presentación en el Congreso de la República, la normativa que regula las frecuencias televisivas estatales desató polémica y disputas entre algunos parlamentarios, debido a que el artí­culo 10 prohí­be pautar publicidad en los canales estatales, con lo que se limitan los ingresos económicos para las instituciones a su cargo.

Asimismo, Pascual Martí­n, director de la Academia de Lenguas Mayas -entidad responsable de TV Maya-, denunció en semanas pasadas ser ví­ctima de constantes ataques mediáticos por parte de la mayor empresa de televisión abierta en el paí­s, que desde el inicio respaldó la prohibición para que los canales estatales comercialicen tiempo de aire.

Tras conocer la decisión del Presidente de otorgar el veto a la ley, Martí­n declaró que está dispuesto a dialogar con los distintos grupos inmersos en las discusiones sobre la normativa «para alcanzar consensos y evitar los roces polí­ticos».

REACCIí“N

Noé Orellana, presidente de la Comisión de Comunicación del Congreso de la República, señaló que respeta la decisión de Colom, en el marco de la independencia de los organismos del Estado y señaló que el Pleno realizará un nuevo análisis para reconsiderar la ley.

Sin embargo, este decreto fue aprobado con 104 votos, a sólo uno de haber sido aprobado con el mí­nimo del procedimiento de urgencia nacional. En el caso de que los diputados insistan en su aprobación, tendrán que rechazar el veto con 105 votos, sólo un más.