Los líderes de la Unión Europea (UE) van a adoptar en su cumbre de hoy y jueves en Bruselas el «Pacto europeo de Inmigración y Asilo» presentado por Francia, cuyo objetivo principal es atraer a los inmigrantes más calificados y rechazar al resto.
«La Unión Europea no tiene los medios de recibir dignamente a todos los migrantes que esperan encontrar en ella una mejor vida», dice con claridad el Pacto, que no es una política común sino una serie de compromisos a respetar por los 27 países del bloque.
En efecto, cada país sigue teniendo soberanía para tomar medidas en la materia, aunque absteniéndose de «afectar los intereses de los otros» y cooperando en la lucha contra la inmigración clandestina.
La negociación del texto, efectuada en tiempo récord, no fue sencilla y el proyecto inicial debió ser suavizado bajo la presión del gobierno socialista español de José Luis Rodríguez Zapatero.
En ese sentido, Francia debió abandonar su idea de un contrato de integración que imponía al migrante la obligación de aprender la lengua nacional de su país de destino así como los valores europeos.
«España jugó un papel importante de negociación y presentación, de conseguir darle el sentido real, positivo, que supone un paso más en lo que es ir hacia una política común migratoria», explicó el lunes en Luxemburgo el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos.
Si el acuerdo fue anunciado en julio, su oficialización fue guardada para la primera cumbre del semestre de presidencia francesa de la UE, que ha hecho de esta cuestión una de sus prioridades.
Según el Pacto, los países de la UE siguen siendo libres para organizar la inmigración legal «en función de sus prioridades, sus necesidades y sus capacidades de recepción nacionales».
Al mismo tiempo, la Comisión Europea concibió la idea de una «Tarjeta Azul» para atraer a los diplomados extranjeros más calificados. Este documento permitirá a su titular y su familia trabajar y residir en el Estado que se lo otorga.
Sin embargo, esta «Tarjeta Azul» no alcanzará el nivel de la «Green Card» norteamericana, ya que no será un permiso permanente de estadía y de trabajo y no será válida en toda la UE.
Por otra parte, los europeos también seguirán siendo libres para elegir los medios de luchar contra los clandestinos, unos 8 millones en el conjunto de la UE.
En ese marco, cada país puede elegir regularizarlos o expulsarlos, aunque para ello deberán utilizar un procedimiento «caso por caso» y no en forma generalizada.
Las expulsiones deberán hacerse de preferencia sobre una base voluntaria, respetando el derecho y la dignidad de las personas concernidas.
En caso de resistencia, la polémica «Directiva Retorno», aprobada por el Europarlamento con mayoría de votos de la derecha y la izquierda y objeto de duras críticas desde América Latina, establece las pautas para proceder a esas expulsiones forzadas.
Si los 27 acordaron cómo rechazar a los ilegales, no se pusieron de acuerdo para castigar a aquellos que explotan a los clandestinos en Europa.
Fragmento del documento del Pacto