El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se vio obligado a intervenir personalmente para cerrar el clima de malestar que se había instalado entre su gobierno y el sector castrense a causa de crímenes cometidos durante la dictadura militar (1964-1985).
«Debemos aprender a considerar a nuestros muertos, estudiantes y obreros, como héroes y no más como víctimas de la dictadura», dijo Lula hace pocos días, al afirmar que lo más importante «no es sancionar a los militares sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos».
Lula formuló esas declaraciones al firmar un proyecto de ley que admitía la responsabilidad del Estado en el incendio de la tradicional sede de la Unión Nacional de los Estudiantes, en 1979, en Río de Janeiro. Ese proyecto de ley prevé la reconstrucción del histórico edificio.
Con su discurso, Lula buscó poner punto final a la polémica lanzada por el ministro de Justicia, Tarso Genro, quien el pasado 31 de julio cuestionó la llamada «Ley de Amnistía», negociada en 1979 entre las autoridades castrenses y y sus víctimas.
Por esa Ley de Amnistía, las partes acordaron la liberación de los prisioneros políticos y el retorno de los exiliados a cambio del perdón eterno a las atrocidades cometidas por los agentes represivos.