De momento se ha consumado, tal el anuncio al más alto nivel del Ejecutivo, probablemente el más cuestionable negocio público de los últimos años. Desde la fraguada estafa de Guatel, a Fegua; hoy la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y su famoso usufructo se inscriben en la historia de los lúgubres y sombríos manejos de los bienes públicos.

Con el anuncio efectuado ayer se ha puesto de manifiesto que en efecto, al más puro estilo medioeval, “el fin justifica los medios”. La necesaria modernización portuaria es el pretexto para ejecutar un arbitrario negocio hecho a la medida, no del pueblo, pero sí de unas pocas y contadísimas personas.

Pero hagamos un enfoque desde otra perspectiva. Históricamente en nuestro país, los gobernantes han recurrido a la figura de la “intervención”, para enfrentar el desafío que implican organizaciones de trabajadores que cobijados en sindicatos, obstaculizan el desempeño de las instituciones. Instituciones que generalmente ofrecen un servicio. De hecho cuando una entidad llega a contar con tres o más sindicatos (como el caso de la EPQ), es una muestra evidente del tentador negocio que se esconde en la “fuerza” sindical para bloquear un adecuado funcionamiento y cumplimiento de estas entidades. En el caso de la EPQ, recordemos que a inicios del año anterior se exacerbaron los escándalos en cuanto a contenedores no registrados, mercancías que ingresaban o salían “sin control” de los operarios. Según el artículo 6 del Decreto Ley 100-85, que contiene la aún vigente Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, la Junta Directiva de aquella se integra de la siguiente manera: Un presidente nombrado por el Organismo Ejecutivo; un director titular y un director suplente nombrados por los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; del Ministerio de Finanzas Públicas; y, del Ministerio de la Defensa Nacional; y finalmente, un titular y un suplente por los trabajadores de la empresa. En cinco cargos titulares, cuatro directivos provienen del propio Organismo Ejecutivo.

Evidentemente en un cuerpo colegiado como este, es complicado adoptar medidas de severa disciplina hacia los trabajadores, pues sus representantes se encargarían de advertir tales acciones y a partir de entonces las complicaciones se incrementan. Estos dos componentes motivaron la emisión del Acuerdo Gubernativo 149-2011, mediante el cual se hace legal la intervención del Puerto Quetzal. Este acuerdo fue emitido el 24 de mayo del año pasado. También el año pasado, el 1 de junio, se emitió el Acuerdo Gubernativo 168-2011, mediante el cual se modifica el anterior, se amplían las facultades del interventor y crea la figura del “subinterventor”, quien además de suplir al interventor, también desempeñará las funciones de gerente general. ¿Quién firmó ese contrato?

Se nos ha dicho de igual manera que existen a la fecha 10 usufructos y que mediante estos se ha provisto de mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones a la EPQ. Nueve de ellos fueron aprobados por su Junta Directiva. Únicamente uno, tiene una vigencia bajo la figura de la intervención (abril 28 de 2012 y hasta el 2032). Este último negocio, oficializado ayer, se erige entonces como la más lúgubre sombra de la administración, es además por extensión, la muestra evidente del fracaso en el control laboral, para imponer orden y “mano dura” con la ley en la mano y coartar las mafias escondidas en los movimientos sindicales. Se les está asfixiando quizás, pero al más alto costo para toda la población, usuarios directos y población en general (usuarios indirectos). Cuando se haga una revisión del negocio, a la luz de los aspectos evidenciados en estas páginas durante la presente semana, no se podrá apelar a la competitividad, no se podrá apelar al incremento de carga y descarga como las razones para propiciar un enriquecimiento que no solo es amoral, sino cuya legitimidad será objeto de severos cuestionamientos por quienes les sucedan en el ejercicio del poder público.