El planteamiento de la Bancada Encuentro por Guatemala para que se declare lesivo el contrato con la Droguería Colón para la compra de vacunas, debido al descarado y burdo sobreprecio del producto que se pudo comprar a la OPS que lo vende a un tercio del valor contratado, tiene que ser atendido por el Gobierno porque es evidente que hay corrupción en la operación y, por lo tanto, no caben excusas ni justificaciones de ninguna naturaleza.

La lesividad de ese contrato tiene que ser el punto de partida para ponerle fin al saqueo que se hace al Estado con la compra de medicinas. Si se logra revertir la compra de las vacunas que se adquirieron a 170 quetzales cada una, aun sabiendo que la Organización Panamericana de la Salud las vende a 55 quetzales, estaremos dando un paso importantísimo para ponerle coto a esa descarada actitud que ha significado lucrar con las enfermedades y con las necesidades que en materia de salud tiene nuestro pueblo. Es encomiable que la Bancada Encuentro por Guatemala hiciera el planteamiento que permite desnudar la realidad de las contrataciones que se hacen entre el Estado y los proveedores de medicinas en nuestro país y que no es más que el aprovechamiento de un sistema podrido que encontró en el contrato abierto el instrumento para materializar la podredumbre. Más que contrato abierto eso es un arca abierta, donde todos pecan entendiendo que en el negocio no hay justos porque los que están en la jugada saben lo que hacen y lo realizan de mala fe.
 
  Obviamente los funcionarios que incurrieron en el anómalo negocio y aceptaron el sobreprecio tienen que ser no sólo destituidos sino deben ser procesados por sinvergüenzas. Pero hay que ponerle ojo también a la otra parte porque no podemos permitir que se sigan produciendo actos de enriquecimiento ilícito sin que los ciudadanos reclamemos, sin que se aplique el peso de la ley contra los que inflan precios y se benefician de la existencia de un régimen generalizado de corrupción que es alentado generalmente por el mismo sector privado que luego se da baños de pureza hablando mal de los políticos, de los empleados públicos, del mismo Estado al que ellos han contribuido a prostituir.
 
  No se puede pretender que ninguna empresa haga actos de caridad al contratar con el Estado, pero lo deseable es que el lucro que obtengan sea el razonable y normal en cualquier operación mercantil. En cambio, cuando un producto que se vende a un tercio del precio en condiciones normales, se lo zampan al Estado a un valor triplicado, eso no puede ser tolerado ni se puede considerar como una ganancia lógica sino un verdadero acto de latrocinio.
 
  Ojalá que los diputados que acompañan en la bancada a Nineth Montenegro lleguen hasta las instancias correspondientes para lograr no sólo que se declare lesivo el contrato de referencia, sino para castigar a los que participaron en el mismo. Pero más que eso, es importante señalar que este caso no es el único ni es siquiera paradigmático, ni por el monto de la sobrevaloración ni por el monto de la operación misma. Se trata de uno de los tantos que se producen en todas las transacciones que se hacen utilizando ese mañoso procedimiento del contrato abierto que, como los fideicomisos, se han convertido en escudo no para acelerar operaciones ni para expeditar la gestión pública, sino para encubrir la picardía, la corrupción y el descaro de oferentes y funcionarios que se ponen de acuerdo rapidito gracias a las mordidas que van y vienen y que sirven para que todos los participantes ganen y el que pierda sea siempre el erario público.