El migrante guatemalteco ha sido siempre menospreciado por nuestras autoridades que les ven únicamente como una fuente de ingresos, pero nunca hacen algo realmente serio para aliviar la dura carga que representa vivir y trabajar en el extranjero para buscar las oportunidades que su misma patria les negó. Lo hemos visto con el trato que reciben en la mayoría de consulados y la ausencia absoluta de respaldo cuando tienen alguna necesidad.
Pero más aún cuando, por ejemplo, se les carga la mano para cobrarles el pasaporte o ahora con el Documento de Identificación Personal, mismo que será más caro para los migrantes que para los que viven en el país. Y por si ello fuera poco, la “atención” a los migrantes sirve ahora de excusa perfecta para un nuevo acto de corrupción realizado mediante una contratación que no tiene sino olor a podredumbre por las condiciones en que fue realizada.
Cínicamente se usa el argumento de que ante la proximidad de la reforma migratoria en Estados Unidos es urgente dotar del DPI a los conciudadanos para que puedan realizar sus trámites, cuando en realidad lo que se hizo fue usar ese pretexto para evadir los mínimos mecanismos de control que establecen nuestras leyes. No quiere decir que cuando se licita se asegure transparencia, pero al menos pueden quedar huellas de que los oferentes favorecidos estaban ya pactados de antemano. En cambio, al realizar la operación a puro dedo lo que queda en claro es que la autoridad contratante hizo uso de su poder discrecional para favorecer a alguna empresa y, por supuesto, embolsarse jugosa comisión.
Y estamos hablando de cientos de millones de quetzales, por lo que las comisiones que están en juego son también elevadísimas. Y ya sabemos que en este Gobierno se manejan ese tipo de operaciones en el más alto nivel y que por ello el directorio del Renap no tocó ni pito, puesto que fue a otra instancia a donde se llevó la oferta para que se tomara la decisión, como se hace todo en este Gobierno.
Lo que preocupa y lo que da verdadera grima es saber que esa gente que tiene enormes necesidades es la que al final de cuentas tendrá que poner el dinero para sufragar el trinquete porque se les ha de cobrar mucho más caro el DPI con el objetivo de que la empresa seleccionada pueda hacer suficiente negocio como para que le quede para incrementar sus utilidades después de haber cumplido con salpicar a los que en el Gobierno toman todas las decisiones.
Minutero
Piensan en el migrante
para sacar adelante
un asqueroso negocio
con quien ha sido siempre su socio