La autonomía universitaria es una de las conquistas más avanzadas y revolucionarias institucionalizada por la Junta Cívico Militar que el 20 de octubre de 1944 puso término al continuismo ubiquista y asumió la gran tarea de modernizar el país y sacar a nuestro pueblo del atraso, la opresión y explotación de que era objeto por los terratenientes semifeudales de la época y los cuatro grandes monopolios estadounidenses de entonces.
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Esta histórica conquista para la enseñanza superior no es una mera formalidad constitucional. Sus objetivos van más allá de la elección de autoridades y funcionamiento de la máxima casa de estudios en Guatemala, la administración y manejo de sus fondos y recursos financieros. Tienen que ver con los alcances de la formación académica superior y sus metas.
La lucha del estudiantado universitario agrupado en el colectivo de Estudiantes por la Autonomía (EPA) y quienes la respaldan y apoyan es parte –muy importante por cierto– de la defensa y ejercicio de la autonomía universitaria. Es, además, un nuevo llamado de atención ante la privatización de la educación superior, la investigación y los estudios de post grado en el país.
Respecto al estado actual del conflicto, destacados juristas son de la opinión que lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad sobre proceder a la elección de vocal primero y segundo de las distintas facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), sin la participación del sector estudiantil, no corresponde al espíritu y la letra de la normativa contenida en el artículo 82 constitucional, es ilegal y violenta el principio de conformación de sus órganos de dirección y la representación de catedráticos, egresados y estudiantes. Esto, por un lado.
Por el otro, la opinión del Consejo Superior Universitario de que si la denuncia presentada ante el Ministerio Público contra tres integrantes del colectivo EPA no prospera, «se podrían tomar otras medidas que la Ley permite», (Prensa Libre, 4 de septiembre de 2010), pone de manifiesto la falta de voluntad política de las autoridades universitarias para encontrarle una solución al conflicto.
Además, al proceder de esta manera, la propuesta del Consejo de convocar a «un Congreso de Reforma Universitaria para abordar el tema del gobierno democrático en la USAC y que promueva reformas de fondo en lo administrativo y en la docencia…, mejorar la academia y velar por la participación equitativa y con absoluta representatividad estudiantil», (elPeriódico, 4 de septiembre de 2010), deja de ser una buena base para la discusión y los acuerdos a aprobar.
Cuando a lo que se plantea se antepone una o más condiciones, las propuestas se invalidan, resultan siendo inaceptables y se cierra toda posibilidad de entrar a discutirlas y allanar el camino a una posible solución a concertar entre las partes.
En cuanto a la privatización de la enseñanza superior en Guatemala es oportuno traer a cuenta que con el surgimiento de las universidades privadas éstas pasan a ser parte del patrimonio de las distintas facciones del poder económico y a estar bajo el control y dirección de sus instituciones gremiales, corporativas y empresariales.
Los egresados de ellas no sólo tienen asegurados exclusivos puestos de trabajo y ocupación sino que, a lo más «selecto» de ellos, se le especializa en el extranjero a fin de que a su retorno sean quienes tengan a su cargo la defensa y apuntalamiento del sistema social impuesto, el modelo económico neoliberal y globalizador y el régimen de partidos y de gobierno.
Por su lado, los pénsum de estudio de las unidades académicas y de los centros regionales de la San Carlos están orientados y dirigidos, ahora, a formar profesionales al margen de la realidad y situación del país con lo que se violenta e incumple lo establecido en el párrafo primero del artículo constitucional ya mencionado respecto a que la universidad nacional «promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales».
En lo que a mi respecta, dudo que a los universitarios de ahora se les dote de las herramientas científicas y de conocimiento para estar en condiciones de estudiar, entender, explicar e interpretar la realidad guatemalteca en el contexto internacional actual y, sobre todo, en capacidad de contribuir a transformarla y avanzar a una etapa superior de desarrollo económico y social.
En ese marco, la lucha por la defensa y salvaguarda de la autonomía de la Universidad de San Carlos y contra su privatización, asegura y garantiza alcanzar un más alto y mejor nivel de la educación superior y la formación académica así como del papel que corresponde a sus autoridades, docentes, graduados, trabajadores, jubilados y, sobre todo, a su estudiantado.
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