Pese a que muchos sectores sociales se sienten desencantados porque Claudia Paz y Paz, actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, no fue incluida en la lista que la Comisión Postuladora entregó al Gobernante Pérez, quien debe tomar la decisión final de nombrar al sustituto, la lucha contra la impunidad debe continuar sin descanso.
¡Entonces para qué hacen evaluaciones si no respetan el resultado de la calificación! Se puede afirmar que por ahora, los señores de la oscuridad ganaron esta batalla y que sobre la persona que recaiga la delicada responsabilidad de dirigir el Ministerio Público, hay que seguirle de cerca sus actuaciones para ejercer la auditoría social que tal caso requiere.
En anteriores ocasiones he sostenido que para explicar el significado de impunidad, en palabras sencillas se la define como, “la falta de castigo”, por eso cuando ocurren hechos graves y no se castigan, terminan siendo impunes, en otras palabras para todo lo que es punible debe dictarse el castigo correspondiente, pero cuando no se castiga, los hechos se repiten y la impunidad se impone, entonces ésta tiene el poder de corromper, de violar las leyes, de burlarse de la dignidad de las víctimas, del sistema de justicia y del Estado de Derecho.
En el país las élites oligarcas y Gobernantes quieren que se mantenga la impunidad, quieren impedir a toda costa que se persiga a militares genocidas y violadores de derechos humanos, quieren que no se toquen las redes de corrupción, de crimen organizado, de narcotráfico. Quieren seguir imponiendo la impunidad para que sus actuaciones queden sin castigo, así seguirán manoseando a su antojo la Justicia y retorciendo el Derecho.
En Guatemala los poderosos cometieron y cometen actos, que siguen cubriendo con el manto de la impunidad. Lo más notorio fueron los graves abusos cometidos durante el conflicto armado interno, de los cuales, la mayoría siguen impunes y los actores intelectuales y materiales libres de toda responsabilidad. Quienes han usurpado el poder público –grupos e individuos– se oponen a que en el Ministerio Público se haga el trabajo de la investigación penal con profesionalismo ético y sobre todo con apego a la Ley en el marco del Estado de Derecho.
En Guatemala hubo crímenes de lesa humanidad, genocidio, desapariciones forzadas e involuntarias, ejecuciones extrajudiciales, todo debidamente documentado, pese a la evidencia abrumadora, todavía hay cínicos funcionarios de Gobierno que pretenden tapar el sol con un dedo negando esa lacerante realidad.
La situación actual del país es compleja y delicada, los poderes fácticos y ocultos tienen secuestrado al Estado para ponerlo al servicio de sus intereses espurios y perversos. La injusticia y la desigualdad social, son características que prevalecen y que coadyuvan a profundizar la crisis existente.
La mayoría de la gente necesita trabajo sin conseguirlo, según información divulgada, en Guatemala el 70% de la población económicamente activa PEA está en el sector informal, sólo uno de cada quince guatemaltecos, tiene acceso a la seguridad social; la pobreza de la gente está aumentando en lugar de reducirse.
Esta lamentable situación debe revertirse antes que el país caiga en el abismo. Urge rescatar al Estado para enderezar el rumbo. Es necesario un proyecto de unidad nacional, para que todos se levanten. Otra revolución es necesaria.