Cuba inició esta semana un nuevo capítulo en su batalla para lograr el levantamiento del bloqueo que Estados Unidos le impuso hace casi medio siglo.
El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, presentó el 18 de este mes en La Habana el informe anual «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba».
Cuba calcula en al menos 89.000 millones de dólares los daños causados por el cerco a la isla. Sólo en 2006, las pérdidas alcanzaron 3.000 millones de dólares, de los cuales 1.300 millones corresponden al comercio.
En el documento, Cuba denunció que Washington intensificó la persecución contra empresas y transacciones financieras internacionales de Cuba, el robo de marcas y la congelación de dinero cubano en bancos estadounidenses.
También exaltó las mayores represalias dispuestas por Washington contra los que comercian con la isla. Detalla, asimismo, las consecuencias de la medida en los sectores de la economía, la salud, educación, alimentación, transporte y vivienda.
Pérez Roque afirmó que el «genocida y cruel» bloqueo económico, financiero y comercial ha alcanzado niveles «de esquizofrenia» con el actual gobierno de George W. Bush.
Las autoridades de la isla aseguran que siete de cada 10 cubanos han nacido y vivido bajo esa política de fuerza, establecida oficialmente en 1962 por el entonces presidente John F. Kennedy.
El enconado diferendo entre ambas naciones comenzó en enero de 1959 con el triunfo de la guerrilla comandada por el actual presidente Fidel Castro, que derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958).
El proceso revolucionario apuntaba a convertirse en un peligroso ejemplo en América Latina y surgieron roces políticos entre ambos lados del Estrecho de la Florida.
El mandatario norteamericano de la época, Dwight D. Eisenhower, decretó en 1959 las primeras medidas de cerco económico contra Cuba.
A través de los años, nuevas limitaciones fueron sumadas al castigo, arreciado con las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), y el denominado Plan Bush (2006).
Estados Unidos asegura que sus medidas contra Cuba son un embargo, mientras que Cuba las describe como un bloqueo.
Una empresa de un tercer país no puede vender a la isla ningún producto o equipo si tiene más de 10 por ciento de componentes estadounidenses, ni puede vender a la nación norteña algo que contenga materia prima cubana.
Además, ciudadanos o residentes en Estados Unidos tienen prohibido viajar a la isla, al tiempo que los empresarios cubanos no están autorizados a utilizar el dólar en las transacciones internacionales, ni tienen acceso a organismos financieros y crediticios como los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo.
El informe cubano ya fue difundido en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se considerará y votará el próximo 30 de octubre.
Esta será la XVI ocasión consecutiva que el organismo multilateral analizará la demanda de La Habana.
En 1992, cuando por primera vez la Asamblea General sometió a votación un documento sobre el tema, 59 países respaldaron la demanda cubana del cese del bloqueo, tres se opusieron y 71 se abstuvieron.
Desde entonces, los proyectos de resolución elaborados por La Habana fueron aprobados de manera abrumadora y creciente por los países miembros de la ONU.
En 2006, la votación de un documento similar, que solo tiene carácter recomendatorio, fue de 183 a favor, cuatro en contra (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau) y una abstención (Micronesia).
Cuba sostiene que Estados Unidos mantiene su objetivo de apoderarse del territorio nacional mediante la aniquilación de la resistencia, ejemplo de dignidad y soberanía de la nación.
La Habana considera que la «guerra económica» de Estados Unidos contra Cuba perjudica los intereses y derechos de los propios estadounidenses, de los cubanos residentes en territorio estadounidense y de ciudadanos de terceros países.
El canciller cubano expresó que su país está dispuesto a mantener con Estados Unidos, un diálogo respetuoso de su soberanía y derechos, o de lo contrario seguirá resistiendo mil años las sanciones impuestas.
La posición de Cuba al respecto fue resumida por Pérez Roque con esta frase: «Cuba no ha sido puesta de rodillas ni lo será en el futuro».
Felipe Pérez Roque
ministro de Relaciones Exteriores cubano
89,000
millones de dólares
los daños causados por el cerco a la isla
3,000
millones de dólares
Las pérdidas sólo en 2006, de los cuales 1.300 millones corresponden al comercio.