Como es fácil comprender, por razones de espacio los diarios no dieron cabida a la totalidad de las declaraciones del Relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, al finalizar su visita a Guatemala, fuera de que algunos medios sólo destacaron los aspectos desfavorables atribuidos al Gobierno, sobre todo después de la soberana metida de pata del Ministro de Salud al afirmar que no hay hambruna en Guatemala.
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  El señor Schutter, en primer lugar, subrayó «de manera muy favorable» el compromiso del actual régimen para hacer efectivo el derecho a la alimentación, de tal suerte que Guatemala se destaca por ser uno de los países que han asumido una ley marco sobre ese derecho, y desde sus inicios el Gobierno ha adoptado varias iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los segmentos más pobres de la población, sobre todo para combatir la desnutrición infantil y la pobreza extrema entre los indígenas.
  Entre esos proyectos hay una serie de programas que coordina el Consejo de Cohesión Social, y el más importante es Mi Familia Progresa, que da cobertura a 136 municipios identificados como los más pobres del país, aunque algunos críticos  califican esos programas de clientelistas políticos, y otros, de izquierda, los llaman asistencialistas porque no atacan las estructuras socioeconómicas del país.
  El Relator enumeró los principios de derechos humanos que se deben aplicar para mejorar el programa Mi Familia Progresa, así como expresó su preocupación porque los esfuerzos que se hacen son insuficientes, tomando en consideración que el 51 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el 15 % en extrema pobreza, lo cual redunda en niveles altísimos de mala nutrición, que afecta al 16 % de los guatemaltecos.
  La pobreza se concentra en las zonas rurales, en las que vive el 72 % de los pobres, y entre la población indígena, que representa el 75 % de los pobres, que constituyen en suma el 61 % de los guatemaltecos, y, por lo tanto, el gasto social debe aumentar de manera significativa, a fin de que el Estado pueda promover el desarrollo rural y los servicios agrícolas. Guatemala «es un país rico» resaltó el funcionario de la ONU, pero advirtió lo que conocemos desde hace muchos años, en cuanto a que el Estado es pobre y débil, en vista de que los impuestos representan el 9.9% del PIB, cifra que está muy por debajo del 12.5 % estipulados en los Acuerdos de Paz, además de que es uno de los niveles más bajos de tributación en América Latina, lo que la oligarquía se resiste a aceptar.
  Los bajos impuestos que pagan a regañadientes los que acaparan la riqueza del país, constituye una violación de la obligación que tiene Guatemala de realizar de manera progresiva el derecho a la alimentación, tomando las medidas necesarias y aprovechando al máximo los recursos disponibles, como lo exige el Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual es signatario nuestro país.
  Resulta alentador para el Relator Especial, que se haya establecido una Política de Desarrollo Rural Integral, pero es necesario que ésta se convierta en parte del ordenamiento jurídico nacional, habida cuenta de las marcadas diferencias existentes en el acceso a la tierra y las presiones en pos de la concentración -como resultado del auge de los biocombustibles-, a fin de que se protejan los intereses de las comunidades indígenas y para evitar los desalojos violentos de tierras ocupadas pacíficamente por campesinos desprotegidos. (continuará)
  (La esposa de un millonario y avaro latifundista, días previos a celebrar su cumpleaños, le cuenta: -Fijate, Romualdo, que anoche soñé que me regalabas un collar de perlas ¿Qué querrá decir? Llegada la fecha del onomástico de la mujer, el marido le entrega un regalo envuelto en papel. Ella abre el paquete y encuentra el libro «El significado de los sueños»).