Desde la compra de gasolina hasta la elaboración de pasaportes, pasando por todas las adquisiciones del Estado y todos los contratos que se hacen para ejecutar la obra pública, en Guatemala el sistema está hecho para que todos metan su cuchara y se embolsen sumas enormes que lloran sangre cuando se les compara con las necesidades de un paí­s en donde el cincuenta por ciento de sus niños sufren desnutrición crónica que les marca para toda su vida. Hoy tenemos a la vista el nuevo escándalo por el tema de los pasaportes que por enésima vez da de qué hablar, como ocurre con cualquiera de los asuntos en los que hay envuelto dinero del erario.

Con Guatecompras nos han dado atole con el dedo como si ello fuera sinónimo de probidad y transparencia en las contrataciones, cuando en la realidad Guatemala no tiene un sistema eficiente de fiscalización y control que permita tanto a las autoridades encargadas (léase esa inutilidad que se llama Contralorí­a de Cuentas y el mismo Ministerio Público) establecer la forma en que se gastan los recursos del Estado. Tampoco existen instrumentos de control y verificación ejecutados por la sociedad guatemalteca para establecer si hay malos manejos con los recursos, lo que hace que cualquier obra o compra que se hace sea manoseada por esa complicidad entre funcionarios y empresarios para saquear al paí­s.

Lo mismo se puede decir del Documento íšnico de Identidad que de las compras de automóviles para el sector público. Todo está debidamente arreglado y dispuesto para compensar adecuadamente a los que fueron generosos contribuyentes de campaña y de esa manera se garantizan que tienen prioridad a la hora de los más grandes negocios, dejando las menudencias, las migajas en realidad, para el resto que, de todos modos, tienen que ponerse firmes a la hora de recibir un contrato, pagando las comisiones respectivas que son parte de la costumbre ya establecida.

Sólo por curiosidad vale la pena que nos preguntemos si alguno de los candidatos a la Presidencia ha abordado el tema de la corrupción tan generalizada que hay y cómo piensan enfrentarla. Yo no recuerdo que ninguno lo haya hecho en forma categórica y todos usan el término corrupción para señalar a las autoridades salientes, como si el fenómeno fuera nada más parte del estilo de un gobierno y no de la estructura misma de nuestro Estado.

Cuando se critica la ineficiencia del Estado, al punto de que para algunos pueda haber llegado a condición de fallido, porque no puede cumplir con sus fines, no se repara en la absoluta eficiencia que muestra cada vez que se hace un negocio y en cómo es que sin mucho trámite ni engorroso papeleo, se le puede asignar al cuate, al financista, al compadre, el negocio más jugoso sin que deje la menor huella de trinquete. En ese tema no hay modelo que funcione con la eficiencia del nuestro que, creo yo, no tiene parangón en el mundo entero.

Y buena parte de la sociedad, con la prensa a la cabeza, mantiene su postura selectiva. Grita y protesta cuando un shumo o chorreado llega al poder y roba, pero calla en generosa complicidad cuando es alguno de los suyos quien se arma hasta los dientes con el dinero ajeno y vende hasta las más lucrativas de las empresas. O condena al funcionario por pí­caro, pero guarda en secreto el nombre de su socio, el empresario encopetado que es miembro de la cúpula económica y que recibe la pleitesí­a de una sociedad hipócrita y permisiva con los ladrones de cuello blanco.

¿Tiene usted motivos para suponer que eso cambiará en el próximo gobierno? Si así­ es, lo felicito por su optimismo.