Los más de mil 600 conflictos agrarios que afectan a miles de familias guatemaltecas cada año, y la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado para la solución de los mismos, parece mantener viva la propuesta de creación de los tribunales agrarios en el Organismo Judicial (OJ).
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Según la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), más de 84 casos de conflictividad agraria han ingresado en lo que va del año por la Secretaría de Asuntos Agrarios, los cuales afectan directamente a más de 600 familias en todo el país.
Los más de mil 600 conflictos de tierra que, según organizaciones sociales, están pendientes de resolver; afectan de forma directa a más de 3 mil familias en el tema agrario, sumado a las pérdidas económicas que padecen entre otros problemas.
En 2005 se iniciaron las diligencias para la creación de lo que fue el Diálogo Agrario Nacional, un año más tarde la iniciativa de creación de tribunales quedaría en suspenso tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad. En 2008 ¿aún tiene vigencia el planteamiento de la creación de los tribunales agrarios?
Propuesta actual
Eliseo López, miembro de la Coordinadora Nacional Permanente Sobre Derechos Relativos a la Tierra (CNP-Tierra) refiere que la creación de dichos tribunales está contemplada en los Acuerdos de Paz, y que su conformación tendría «beneficios directos para las comunidades campesinas», señaló.
Según López, los tribunales en mención «atenderían propiamente los conflictos agrarios y descongestionarían la vía civil, cuyo procedimiento es engorroso y atrasado; además, se podría capacitar a los jueces en el tema para la aplicación de la ley en el tema agrario», enfatizó el entrevistado.
El analista aseveró finalmente que no existe resolución de la conflictividad agraria por la vía del Código Civil, «porque no hay uno sólo que haya sido resuelto por esa vía», subrayó, y añadió que la necesidad de creación de esas instancias está latente aún.
Míldred López, analista de Plataforma Agraria, añade que la aplicación de la ley civil no se discute con temas como los derechos históricos en relación a la tierra, las formas alternativas de resolución de conflictos, ni se toma en cuenta que el derecho agrario está ligado a los derechos humanos.
«Actualmente se hace una restricción especial de los artículos que hacen referencia a la propiedad privada que deviene en un rechazo a aspectos económicos y sociales que se derivan del acceso a la tierra y otros medios de producción», enfatizó la entrevistada.
Finalmente, López indicó que los conflictos agrarios, dependiendo de su naturaleza, se encuentran en varias entidades del Estado como los tribunales de justicia, Ministerio de Gobernación, Consejo Nacional de íreas Protegidas, entre otros, donde no se ha obtenido una respuesta positiva.
Desde la legislación
í‰dgar Leonel Castañeda Oliva, presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de la República, refirió que la conflictividad de la tierra es una problemática muy grande para cuya solución debe existir un consenso de grupos políticos y organizaciones agrícolas de todo el país.
Para Castañeda, regularizar la tierra no es fácil; por lo que hay que legitimarla y darle certeza jurídica.
Para el diputado entrevistado la creación de los tribunales agrarios no es necesaria, porque «existen entidades del Estado a cargo de darle el ordenamiento a la tierra, por lo que no creemos que sea necesaria su conformación para nosotros y otros especialistas en conflictos de tierra», subrayó.
Juan Manuel Giordano, de la Bancada Guatemala, explicó que dichos tribunales no tienen viabilidad una vez no se haga primero una Ley sustantiva para su funcionamiento.
Para el diputado, el problema es que «hay legislación disgregada en materia agraria, por lo que es necesario ordenarla en un código agrario, porque si a un juez le llega un caso así no sabe ni por dónde empezar», enfatizó.
Sin embargo, para Giordano el ordenamiento y conformación del antes citado código, es una tarea de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual no ha tenido ninguna iniciativa pública en el tema agrario.
El entrevistado consideró que actualmente el camino a tomar es: la discusión de la Ley de regularización de la propiedad y tenencia de la tierra, la cual se discute actualmente en el Palacio Legislativo, la institucionalidad agraria o creación del Instituto o Ministerio de Asuntos Agrarios, y la conformación de los tribunales agrarios basados en un Código Agrario. «No tiene sentido volver a crear los tribunales si no está establecida la norma que lo va a regir», enfatizó Giordano.
Se intentó obtener la postura de varios funcionarios del Organismo Judicial, pero no fue posible.
La postura del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), es de «no volver al tema del pasado» y enfocarse al desarrollo rural. «Los sectores indígenas y campesinos que pretenden retomar dicho tema quieren justificar las invasiones», indicó Carlos Zúñiga, presidente de esa cámara.
Según el CACIF, el país no necesita más tribunales sino la aplicación de la ley vigente, ya que con esos tribunales sólo habría más burocracia.