Es potestad del gobierno el otorgar subsidios, debe hacerlo de forma temporal, directa y calificada, es la única manera en que se justifican. Temporal porque se está supliendo un vacío, una necesidad que varía con el tiempo; directo porque al que se subsidia debe ser el que económicamente permita un menor precio al consumidor que no cuenta con la capacidad económica de pagar el precio real de un bien o de un servicio; y calificado porque no se le puede ni se le debe dar a todos, sino se le debe otorgar al que social y económicamente lo justifica y requiere.
jfrlguate@yahoo.com
En la historia económica del país han existido diferentes subsidios. Durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes se estimó que para mejorar la dieta del guatemalteco, proveerle de proteína adecuada y barata debería de subsidiarse la producción de pollo y de huevos. Eso permitió que diferentes grupos de empresarios, durante varios años, recibieran el beneficio temporal para que sus costos de producción y su inversión inicial fueran bajos y atractivos. Por supuesto llegó el momento en que este privilegio, este beneficio debía dejar de existir porque no sólo había sido exitoso en rebajar el precio al consumidor sino que había propiciado el tiempo y las condiciones para que los productores fueran no sólo rentables sino que se convirtieran -algunos de ellos- en multimillonarios.
Otro ejemplo de un subsidio temporal, directo y calificado es cuando se rebajan los aranceles a la importación de harina y de maíz para así lograr que el precio del pan al consumidor en general no suba en su valor; lo mismo sucede con el maíz, el cual es base de la dieta alimenticia de todos los guatemaltecos.
Mantener un subsidio de forma permanente y sin reglas precisas, concretas y transparentes no solo es un error sino una injusticia porque se está sacrificando el ingreso de impuestos y se está fomentando que los productores, los empresarios prestatarios del servicio se conviertan en «gatos gordos y perezosos, que no cazan ratones», que no se preocupan de mejorar el servicio, ni que sus costos sean los mínimos que debieran de ser en la producción de bienes y servicios que prestan.
Sería conveniente que la Universidad de San Carlos o la Municipalidad de Guatemala explicaran de forma precisa y concisa cuál ha sido la historia del subsidio al transporte urbano por parte del Estado, utilizando elevadas cantidades de los impuestos. Lo más probable es que ha sido tan elevado el subsidio y tan prolongado el mismo que el valor de los vehículos que se usan, el mantenimiento y los costos de operación prácticamente han sido absorbidos y financiados por los subsidios otorgados y ello es prueba de un error político.
Hace más de 20 años, Alfonso Portillo en ese entonces subsecretario de la Democracia Cristiana y el suscrito, miembro del comité ejecutivo del FRG, fuimos invitados a un foro organizado por la Cámara de Construcción sobre el tema del transporte urbano y su problemática. En representación de la directiva de los transportistas urbanos participaron personas que continúan siendo directivos.
En ese foro utilicé el ejemplo del vicepresidente de la asociación de transportistas de esa época, de apellido Soberanis, cuya familia se había iniciado con un autobús urbano y en ese momento poseía, según recuerdo, nueve unidades. Si se investiga encontraremos que los dirigentes y la mayoría de los actuales transportistas son personas que se han dedicado a esta actividad por más de 20 años; por consiguiente, es evidente e indiscutible que el negocio es bueno y atractivo, de lo contrario se hubieran dedicado a otra actividad.
Continuará.