En su declaración, Rodrí­guez señaló que la persecución de sindicalistas es cuestión del pasado y aclaró que en la nueva administración de gobierno no existen indicios de que sucedan anomalí­as en ese respecto.

«Hubo una mala interpretación sobre persecución de la dirigencia sindical en Guatemala, afortunadamente quedó claro que no existe persecución a la dirigencia sindical en el paí­s. Definitivamente no existe una polí­tica de Gobierno de perseguir a ningún dirigente sindical».

Sin embargo, el Gobierno central ha sido blanco de señalamientos por grupos de sindicalistas que advierten sobre «la implementación de polí­ticas represivas y retrógradas» en la administración del Ejecutivo.

Ejemplos

Edwin Ortega, del Movimiento Indí­gena, Campesino, Sindical y Popular, sobre el Estado de Prevención dictado por el Presidente para detener el paro laboral de transportistas de carga pesada en mayo pasado, indicó que fue un acto que restringió la libertad de expresión de la población y el derecho de manifestación de un sindicato.

Organizaciones como el Frente Nacional de Lucha y la Central General de Trabajadores de Guatemala también han manifestado denuncias públicas sobre ataques contra sindicalistas y lí­deres de oposición.

Los miembros de las organizaciones de trabajadores reconocen que durante la anterior administración del Gobierno, los ataques y persecución de sindicalistas fueron más intensas que en la actualidad, pero no consideran que ese flagelo haya concluido con el cambio de autoridades.

Sindicalistas señalaron que las declaraciones de Rodrí­guez estaban fuera de lugar y «descontextualizadas» y recomendaron la instalación de una comisión especí­fica de la OIT en el paí­s, encargada de investigar los casos de violación a los derechos de los trabajadores, para evaluar de forma objetiva las condiciones del paí­s.