Los retos en seguridad y justicia para el nuevo gobierno


Ricardo Marroquí­n Rosada del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)

La situación actual nos demuestra que se han incrementado los riesgos y las amenazas a la seguridad de las personas y sus bienes, ¿Cuáles son las causas? y ¿Cómo se debe enfrentar esta situación? Estas son preguntas básicas que se debe hacer el equipo de gobierno que se encargará del tema de seguridad en la siguiente administración.


¿Cuáles son los principales problemas que ENFRENTARí EL PRí“XIMO GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA?

1. La violencia que ha alcanzado los niveles más altos desde la firma de la Paz. Más de 20 mil 300 homicidios en el actual perí­odo, siendo el paí­s con los más altos í­ndices de homicidios de mujeres, niños y niñas en América Latina y con las tasas de impunidad en homicidios arriba del 98%. En Guatemala se venden más de 50 millones de municiones al año sin las más mí­nimas restricciones; cualquiera compra y porta un arma y no es necesario pasar ningún examen que lo califique desde el punto de vista técnico y psicológico.

2. La impunidad, la cual está garantizada para aquellos que violan la ley y tienen poder para comprar, obstruir o inhibir a la justicia. Cada dí­a hay ejemplos de miembros del crimen organizado, delincuentes comunes o criminales de cuello blanco que manipulan y utilizan a su favor las estructuras de seguridad y justicia.

3. Las estructuras del crimen organizado, las cuales se han extendido y fortalecido en todo el paí­s. Clara muestra son: los bajos niveles de incautación de droga, a pesar que el flujo de cocaí­na proveniente de Colombia prácticamente se ha sostenido durante los últimos cuatro años, el aumento del trasiego y consumo nacional de metanfetaminas, el extendido cultivo de amapola, el robo sostenido de vehí­culos, el repunte de secuestros, las extorsiones, etc.

4. Graves rezagos en la agenda de desarrollo, lo cual afecta directamente la gobernabilidad y la seguridad. Guatemala tiene actualmente el í­ndice de desarrollo humano más bajo de América Latina (sólo por arriba de Haití­) ocupando el puesto 118 de la clasificación del IDH que hace el PNUD, todo esto a pesar que los indicadores macroeconómicos no son malos. Si no se atiende esta agenda el paí­s seguirá produciendo personas que por necesidad y falta de oportunidades empezarán a verse involucrados en actividades ilí­citas.

Y ¿con qué cuenta el próximo gobierno para enfrentar esta problemática?

Cuenta con una institucionalidad de seguridad y justicia que se encuentran prácticamente colapsados, instituciones porosas, corroí­das por la corrupción y penetradas por las estructuras del crimen organizado. Las instituciones como la PNC, el Sistema Penitenciario han dejado de ser herramientas para solucionar la problemática de seguridad y se han convertido en parte de la misma.

Ante este panorama, si el próximo gobierno quiere enfrentar con éxito la problemática de la inseguridad y la justicia, debe ensayar nuevas formas de trabajo y aceptar que las propuestas que hizo en campaña son propuestas electorales, propuestas para generar votos.

Para lograr soluciones viables y sostenibles es necesario generar propuestas, mediante la instalación de mesas de trabajo, en la que participen el Estado, los partidos polí­ticos y las instituciones de la sociedad especializadas en la temática; le corresponde al nuevo gobierno ser el promotor y facilitador de nuevos acuerdos que nos permitan avanzar hacia la consolidación del sistema democrático.

Afortunadamente en Guatemala se han desarrollado una serie de instituciones de investigación en el campo de la seguridad y la justicia, las que cuentan con un buen número de expertos y desde ellas se han generado propuestas serias sobre la temática. Dentro de estas instituciones se puede mencionar por ejemplo al FOSS (que agrupa a instituciones de gran capacidad y experiencia), la Red Guatemalteca para la Seguridad Democrática, la Comunidad de Defensa, el CEESC, la Comisión de Seguridad del Foro Permanente de Partidos Polí­ticos y otras a las cuales el gobierno puede recurrir para abordar esta difí­cil temática.

Se debe lograr una propuesta integral que plantee la polí­tica, la agenda y el plan estratégico de seguridad y justicia, la misma deberí­a de contemplar: A) La Polí­tica de Seguridad y Justicia que destaque los paradigmas y acuerdos sobre los que se sustenta; B) La Agenda y el Plan de corto plazo que se enfoque a disminuir la violencia y garantizar el derecho fundamental a la vida, el ahora; C) La Agenda y el Plan estratégico que se enfoque a implementar las acciones e instrumentos de carácter preventivo y reactivo para garantizar la seguridad de la sociedad guatemalteca en forma duradera y permanente.

La profunda crisis de seguridad que nos afecta se debe enfrentar con reformas estructurales que apunten a la transformación del Estado, a fin de garantizar la recuperación del control estatal de los espacios de seguridad y justicia; de lo contrario no será posible lograr la consolidación del proceso democrático e inclusive la gobernabilidad democrática corre graves riesgos.