Los retos de Lula


Lanzamiento. El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva durante la presentación del Programa de Aceleración del Crecimiento del Paí­s.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva se propuso sacar de su letargo a la economí­a de Brasil, la décima del mundo, con medidas para acelerar un crecimiento que se mantiene a la zaga de los demás paí­ses emergentes.


Tres semanas después de iniciar su segundo mandato de cuatro años con un formidable apoyo popular, Lula dijo que el norte de su gobierno será crecer 4,5% este año y 5% en los tres siguientes, duplicando así­ el promedio de los últimos doce años.

Con ese objetivo, lanzó el lunes un Plan de Aceleración del Crecimiento () para el periodo 2070-2010, con inversiones públicas y privadas equivalentes 504.000 millones de reales (234.400 millones de dólares).

«Las condiciones fiscales permiten el aumento de las inversiones del gobierno federal sin comprometer la estabilidad», dijo Lula.

El magro crecimiento ha sido el punto débil de su gobierno que logró controlar la inflación, obtener superavits comerciales récord, recomponer sus reservas internacionales, saldar por adelantado sus deudas con el Fondo Monetario Internacional y mitigar la pobreza.

Pero Brasil creció 2,3% en 2005, apenas más que Haití­ en el continente americano, y habrí­a cerrado 2006 con 2,7%, muy por debajo de los otros grandes paí­ses emergentes, como China o India, que vienen creciendo en torno a 10% al año.

De confirmarse la previsión de 2006, el promedio de los primeros cuatro años de Lula serí­a de 2,6%, pese al contexto de bonanza internacional. Un promedio inferior al 2,8% registrado en los ocho años de gobierno de su antecesor socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, quien debió enfrentar crisis cambiarias y tormentas internacionales que hicieron tambalear los cimientos de Brasil.

Los analistas suelen citar entre las principales trabas de la economí­a brasileña las elevadas tasas de interés (principal arma contra la inflación), una carga tributaria equivalente a 38% del PIB, elevados gastos fiscales y escasez de inversiones públicas y privadas, que representan apenas 20% del PIB, contra 40% en China.

Red de carreteras en pésimo estado, transporte ferroviario deficiente, crisis del transporte aéreo, puertos congestionados y dudas sobre la capacidad del sistema eléctrico de soportar una aceleración de la actividad son serias señales de alerta para el gigante sudamericano.

«Si el paí­s no crece 5% estamos perdidos», dijo el ministro de Hacienda, Guido Mantega. La prioridad fue dada entonces a los sectores de energí­a, transporte y logí­stica urbana como saneamiento y vivienda.

El 76% de las inversiones del PAC (384.000 millones de reales) vendrá de fondos federales (67.800 millones), empresas estatales y créditos de bancos públicos, indicó la ministra jefa de gabinete, Dilma Rousseff. El resto será inversión privada.

La estatal Petrobras aportará por sí­ sola 30% de las inversiones, con el objetivo es aumentar en 20% la producción de crudo y gas, ampliar refinerí­as y mantener a Brasil en la vanguardia mundial de los biocombustibles.

Los medios económicos recibieron bien el programa, aunque consideran que es un plato que sabe a poco. Empresarios y analistas observaron que las exoneraciones tributarias son mí­nimas y que se ignoraron las reformas de la previsión social y de la legislación tributaria y laboral, factores que, sostienen, son un freno a la inversión.

«El PAC no hará milagros pero de alguna forma impulsará el crecimiento», dijo el ex presidente del Banco Central Carlos Langoni.

«Es un plan confuso en su ejecución. No atacó la cuestión central de la carga tributaria y de los gastos del gobierno», apuntó Roberto Padovani, economista del Banco de Inversiones West LB en el diario O Estado de Sao Paulo.

Lula no sólo deberá convencer a los empresarios e inversores para que no se frustre nuevamente su promesa de 2003 de que Brasil «asistirá al espectáculo del crecimiento» durante su mandato.

El presidente deberá poner en juego toda su habilidad polí­tica para ganar apoyos en el Congreso, pues varias medidas requieren sanción legislativa y persuadir también a varios gobernadores disgustados con algunas de estas iniciativas.