Desde que se restituyó la democracia, han sido decenas de diputados a los que se les ha iniciado acciones de antejuicio, pero sólo el general José Efraín Ríos Montt, Juan Francisco Reyes López y Carlos García Bravatti, miembros de la Comisión Permanente del Congreso y presidente, vicepresidente y secretario durante el periodo legislativo 1995-1996, debieron presentarse ante los tribunales tras habérseles retirado la inmunidad.
En plena efervescencia política, los entonces legisladores fueron señalados de haber incurrido en una serie de delitos por haber declarado con lugar a formación de causa contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y tras ser sometidos a una serie de acciones legales, pidieron permiso para ausentarse del Parlamento por dos meses y de esa forma solventar su situación legal.
En el mismo período, el diputado Reyes López fue sometido a un segundo antejuicio, tras haber hecho pública una grabación que registraba la conversación telefónica entre un asesor del entonces Presidente de la República, Ramiro de León y el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades. Por haberlo acompañado en la conferencia de prensa en la que hizo pública la grabación, el parlamentario Harris Whitbeck, también fue señalado y perdió su inmunidad, situación que los obligó, incluso, a no postularse para una reelección.
En 2001, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con lugar el antejuicio contra 24 diputados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), involucrados en la supuesta alteración de la Ley de Impuesto a las Bebidas Alcohólicas. En su dictamen, los magistrados resolvieron que en los hechos podrían configurar los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y violación a la Constitución. La situación no pasó a más y continuaron en sus cargos.
Ocho años después, con el escándalo financiero en el Congreso de la República, el diputado Eduardo Meyer fue obligado a renunciar del cargo de Presidente se encuentra a punto de perder su inmunidad, toda vez que el juez pesquisidor, Napoleón Gutiérrez recomendó a la Corte Suprema de Justicia levantarle el derecho de antejuicio porque cree que incurrió en la comisión de tres delitos.
El diputado Arístides Crespo en su calidad de Primer Vicepresidente lo sustituyó en el cargo temporalmente, pero tras su renuncia, asumió la titularidad de este Organismo del Estado. En lejano 1995, le correspondió asumir el máximo cargo del Congreso de la República a Lizardo Sosa López. Tras resolver su situación, los tres parlamentarios aludidos retomaron sus funciones.
Antes del «Serranazo», el 25 de mayo de 1993, los antejuicios promovidos contra los diputados los conocían los mismos diputados, de ahí la impunidad en casos muy sonados como de aquel diputado de la Democracia Cristiana que no obstante haber abundante evidencia en su contra por el crimen contra su cónyuge nunca lo alcanzó el brazo de la justicia.
Con la reforma constitucional que allanó la revocatoria del mandato de los diputados que tomaron posesión en 1991, se introdujeron cambios novedosos en esta materia a efecto que los antejuicios promovidos en contra de los diputados fueran conocidos por la Corte Suprema de Justicia y así evitar ser juez y parte en la pesquisa que en este caso equivalía a total impunidad.