Las transferencias condicionadas, esos programas que el gobierno de Álvaro Colom implementó siguiendo el ejemplo de países de América del Sur, pero para fortalecer la carrera electoral de su exesposa y que se han convertido en el único ingreso estable que reciben familias en extrema pobreza tienen dos caras, una con aspectos positivos y otra con lo negativo;

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Según el CIIDH, unos 7 millones y medio de personas son pobres; de estos 2 millones sobreviven con un dólar al día, lo que equivale a unos ocho quetzales

Mientras que buscan sacar a millones de guatemaltecos de la pobreza los mismos adolecen de mecanismos de anticorrupción y se ha usado con fines políticos, a la vez que refuerzan el rol cuidador de las mujeres en el hogar, señalan analistas y estudios realizados sobre el tema.  A eso le debemos sumar el poco acompañamiento que le dan a los proyectos de sostenibilidad y capacitación  para que la ayuda de hoy se convierta en un trabajo u oficio para mañana.

Honduras, México, Brasil y Argentina son algunos de los países que han implementado los programas de transferencias condicionadas, algunos desde 1990, como es el caso de Honduras y México, mientras que Guatemala es el último país en América Latina en implementar ese tipo de programas sociales.

Aunque con algunas diferencias, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, integrado por varios organismos, los describe como “iniciativas amparadas en un enfoque de la protección social que combinan un aporte monetario con la exigencia de contraprestaciones familiares, básicamente en educación y salud”. La transferencia contribuye a paliar las necesidades de corto plazo que tienen las familias beneficiarias y las contraprestaciones redundan en una inversión de mediano plazo en capital humano.

En Guatemala los programas fueron implementados durante el gobierno de Álvaro Colom y fueron conocidos como Mi Familia Progresa para lo que se creó el Consejo de Cohesión Social presidido por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

En un principio Mi Familia Progresa estuvo bajo la dirección de María Castro y se convertiría en el programa más ambicioso de ese gobierno en el período de 2008 y 2011, según un estudio llevado a cabo por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), con sede en Guatemala.

De acuerdo con el CIIDH, cuando recién empezó el proyecto la información respecto a las transferencias monetarias condicionadas no era de dominio popular y la mayoría de la población carecía de conocimiento de dichos programas.

Además, el Consejo de Cohesión Social recibió críticas de sectores al no formar parte de una sola dependencia y no contar con un presupuesto propio, ya que funcionó a partir de la coordinación de ministerios y secretarías que fueron otorgando parte de sus recursos para los diversos programas.

Según la entidad, la rapidez de la creación e implementación de Mi Familia Progresa fue bastante alta, en comparación con otros países; empezó a ejecutarse en dos meses y a un año de su implementación incorporó a 89 municipios, y para el año 2011 ya eran 397 municipios.

Castro dijo al CIIDH que cuando se generó el proyecto en Guatemala, el diseño no fue concluido antes de ponerse en marcha, sino se fue definiendo y elaborando en el camino. “No se tenía claro el monto del bono, ¿por niño?, o ¿por familia?, son impresionantes los detalles que se deben tomar en cuenta”, dijo Castro.

Al ejecutarse el plan con tanta prisa no fue posible elaborar una línea basal o estudio de base y luego debió tomarse en cuenta quién lo administraría. Las decisiones políticas prevalecieron sobre las decisiones técnicas y esto no permitió una ejecución con transparencia, señala la entidad.

La focalización del programa Mifapro se dirigió a familias que se encontraban en condición de pobreza y buscaba mejorar su condición de vida, así como velar por su salud y nutrición y la asistencia escolar de los niños de 6 a 15 años.

Nació sin haberse instrumentado de manera institucional, no se le blindó legalmente, quedando sobre una institucionalidad débil, un programa grande.

BUSCAN REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Jorge Santos, coordinador general del CIIDH, indica que una de las valoraciones positivas que hicieron sobre las transferencias monetarias condicionadas es que junto con otros programas de asistencia social podría ser la base de un régimen de protección social.

Otro aspecto positivo es que como el plan tenía condicionalidades en materia de educación y salud podría suplir deficiencias históricas del Estado en esos dos ámbitos, así como darle mayor atención al tema relegado de la erradicación de la pobreza a través de políticas públicas y programas estatales.

Según Santos, el 53 por ciento de la población guatemalteca subsiste en condiciones de pobreza, unos 7 millones y medio de personas; de ese 53 por ciento el 13 por ciento sobrevive en condiciones de extrema pobreza, unos 2 millones de personas, que resisten con un dólar al día, lo que equivale a unos ocho quetzales.

Se le conoce como extrema pobreza, pero en realidad ya es indigencia, acota Santos.

Peor entre los aspectos negativos, Santos menciona que hay mecanismos que parecieran que aún no están definidos como la entrada de las personas beneficiarias al programa, su permanencia y el momento en que deben de salir.

El objetivo básico de estos proyectos es que la persona supere la pobreza, no puede estar eternamente ahí; “esos mecanismos aún no están definidos lo que genera con mucha facilidad el uso clientelar del programa”, explica el activista. Se deben establecer con precisión esos mecanismos, explica.

Para Ronalth Ochaeta, de Acción Ciudadana, las transferencias condicionadas, que en la actualidad se conocen como el programa Mi Bono Seguro, tienen un lado blanco y otro negro: son políticas positivas, pero con ciertas deficiencias y carencias que hay que modificar. El gran objetivo de estos programas es cerrar el círculo intergeneracional de la pobreza, dijo.

Ochaeta valora que los mismos se hayan institucionalizado por medio del Ministerio de Desarrollo Social, aunque aún en la actualidad se deben fortalecer las iniciativas para que sean funcionales.

REFUERZA LOS ROLES DE GÉNERO 
Recientemente el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, integrado por diversos organismos internacionales, publicó un informe titulado “Los bonos en la mira: Aporte y carga para las mujeres”.

El estudio apunta que las transferencias condicionadas se orientan principalmente a las mujeres y en ciertos casos ser mujer es uno de los requisitos para acceder al beneficio; las condicionales impuestas responden a una consideración social, según la cual se atribuye la responsabilidad del cuidado del hogar a las madres.

La transferencia monetaria del Estado a las mujeres no obedece a su condición de tales sino de ser madres, indica el estudio; en realidad son beneficiarias operativas en calidad de madres de una asistencia destinada a sus hijos e hijas.

Siendo las madres las responsables de que se cumplan las condicionalidades del dinero entregado, que es llevar a sus hijos a la escuela y cuidar por su salud, los programas de transferencias condicionadas refuerzan el rol cuidador de las mujeres, que es una de las causas de la desigualdad económica de género.

De acuerdo a encuestas realizadas, también aumenta el trabajo no remunerado de las mujeres, ya que deben de tramitar los certificados de asistencia a la escuela y los controles de salud de sus hijos y ocuparse en tareas relacionadas con el programa como participar en charlas informativas y actividades de formación.
 
Santos, del CIIDH, dice que en el estudio que cuenta con enfoque de género, encontraron un hallazgo similar, que el programa obedece a una lógica patriarcal.

“¿En qué sentido?… la condicionalidad al momento de recibir los Q150 del bono de salud y educación, la fuerza a ella a llevar a sus hijos al Centro de Salud y a la escuela, que son los que formarán sus capacidades en un futuro próximo para romper con la lógica intergeneracional de la pobreza”.

La mujer, como sujeta de derechos, carece de estas garantías, de salud, de educación, alimentación y acceso al trabajo, por lo tanto, responde a una lógica patriarcal y refuerza la lógica de ser la encargada del bienestar, destacó Santos.

Por aparte, Brisna Caxaj, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg), también coincide con esa visión. “Se recarga a las mujeres el papel de cuidadoras en una sociedad al asignar ese rol de madres con sus hijas e hijos, pero no solo es eso, sino el cuidado de otros”, manifestó.

Los montos que se transfieren no son los adecuados para superar en un mediano plazo la pobreza, que es lo que supuestamente se busca, argumentó Caxaj. 

SIGUE EL USO CLIENTELAR
Ochaeta considera que pese a la implementación de los programas sociales, no se ha visto una reducción drástica de la pobreza. En el informe de Desarrollo Humano más reciente, Guatemala descendió dos escalones, del puesto 131 al 133.

Además, según el entrevistado, en el gobierno de Otto Pérez Molina los programas han tenido un retroceso porque la política social no es “una agenda de gobierno”. “Se le ha quitado plata al presupuesto del Mides destinado a los programas sociales y eso ha generado un déficit en sus recursos disponibles”, advierte.

El lado gris de estos proyectos tiene que ver con la rendición de cuentas y mecanismos anticorrupción, pues a criterio de los expertos, las iniciativas adolecen de un sistema de atención ciudadana y se ha convertido en un programa netamente clientelar, carencia que viene desde el gobierno de Álvaro Colom y se ha replicado en este gobierno.

Lo que pasó en el actual gobierno es que se institucionalizó el clientelismo político porque el programa no tiene medidas de anticorrupción claras que generen cierto nivel de transparencia en la rendición de cuentas hacia los ciudadanos y sus beneficiarios, informó Ochaeta.

De acuerdo con el analista, el Mides se convirtió en un botín político, el gobierno metió a su  gente y se han construido redes clientelares; es una ventaja comparativa que exista un programa de transferencias condicionadas institucionalizadas, pero su gran desventaja es que hay una deficiencia en el gasto que es cuestionable porque en vez de convertirse en una política progresiva ha sido regresiva.

Conforme  al analista se ha ido sacando gente del proyecto porque hay deficiencias en los censos de la línea basal y otros aspectos de la selección del beneficiario y porque está sujeto al clientelismo político.

Pese a las deficiencias presentadas por los programas, los consultados coinciden en que son positivos en un país donde una gran parte de la población subsiste en pobreza, con el fin de que ayuden a romper el círculo intergeneracional de la misma.