Hace dos dí­as, integrantes del Movimiento Feminista de Mujeres de Izquierda se dieron cita frente a un hotel capitalino en la zona 10 para denunciar el feminicidio que se reporta en nuestro paí­s.

No realizaron ninguna pinta, no bloquearon ninguna calle y tampoco provocaron ningún caos vial, que al final de cuentas es lo que más resalta el sector conservador cuando sabe de alguna manifestación. De todos modos, la concentración fue disuelta a puñetazo y macanazo limpio por un escuadrón de policí­as y agentes antimotines.

Durante esta semana, el Gobierno intentó esconder los problemas que pudren al paí­s. Las autoridades pensaron que la basura podí­a ocultarse debajo de la alfombra, por eso fueron repelidas las mujeres que intentaron alzar la voz frente a la delegación del Comité Olí­mpico Internacional que se encuentra en Guatemala, porque deformaban el paisaje que fue montado alrededor de los hoteles y en las cercaní­as del Teatro Nacional.

El Movimiento Feminista de Mujeres de Izquierda intentó levantar frente a la opinión pública internacional la violencia que se ha desatado contra las mujeres y que ha cobrado ya más de 2 mil ví­ctimas.

De acuerdo con un informe del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), durante los últimos tres años y medio, con el actual gobierno, más de 15 mil personas han sido asesinadas. El nivel de impunidad también va en aumento: el 97% de los casos nunca llega a ser presentado en los tribunales de justicia.

Sin embargo, para el sector social, que ha presentado estas estadí­sticas incómodas para los informes oficiales del Gobierno, la solución no es callar, sino exigir el cumplimiento de los derechos constitucionales.

Nuestra Carta Magna es clara cuando asegura que es obligación del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. También estipula que las manifestaciones públicas no pueden ser restringidas, disminuidas o coartadas.

A nuestras autoridades les ha faltado la voluntad polí­tica para garantizar la seguridad integral a las mujeres y a la población en general. Uno de los ejemplos es la ley que permitirí­a la instalación de la CICIG y que no ha logrado el apoyo dentro del Congreso.

La violencia social le ha servido al Gobierno como una herramienta para perpetuar el miedo entre la población, y los partidos polí­ticos aprovechan la inseguridad como su principal tema de campaña.

Recientemente, ante el alza de los precios de la gasolina, el presidente í“scar Berger aseguró que lo mejor es esperar la voluntad de Dios. Esa, precisamente, ha sido la polí­tica del actual Gobierno. ¿Qué debemos esperar en el tema del feminicidio y de la violencia? ¿Un milagro?